Los fabricantes de automoción estamos comprometidos con construir a una nueva movilidad, basada en la descarbonización y la digitalización, manteniendo la riqueza y el empleo que el sector aporta a nuestro país. El objetivo marcado por Europa es descarbonizar el transporte, y esto se plasma en un acuerdo para prohibir la venta de nuevos turismos y vehículos comerciales de combustión en el 2035, salvo que sean de cero emisiones.
Esta precisión final debe tenerse en cuenta al analizar las informaciones acerca del acuerdo votado en el Parlamento Europeo en relación con esta prohibición. En concreto, el acuerdo ya prevé que se puedan considerar como cero emisiones los vehículos de combustión que funcionen con combustibles neutros en CO2, los llamados e-fuels. Desde Anfac creemos que esta apertura y neutralidad tecnológica es esencial para ser lo más ágiles posible a la hora de responder a las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Pero el enfoque correcto no puede ser eliminar una tecnología, sino reducir las emisiones, Y para ello se ha de apoyar un uso eficiente de todas las alternativas tecnológicas… y que sea el mercado el que elija el ganador.
Dicho lo cual, no podemos olvidar que la industria del automóvil ya está invirtiendo 250.000 millones junto con sus proveedores para electrificar tanto su modelo de negocio como la transformación de sus plantas de producción en fábricas de automóviles de bajas y cero emisiones. Y que hay una fiera competencia mundial por atraer las inversiones que desarrollen esta cadena de valor del vehículo electrificado. Ni España ni Galicia se pueden quedar atrás si queremos conservar nuestros puestos de trabajo y ayudar a la UE a seguir siendo competitiva.
Por tanto, debe acelerarse el ritmo de la electrificación impulsando vehículos electrificados. Por eso, desde Anfac planteamos al Gobierno la Hoja de Ruta 2023-2025, con medidas para acelerar las ventas de estos vehículos. Medidas que hagan más fácil a los ciudadanos acceder a las ayudas, adelantando el cobro al momento de la compra. Todo ello junto a medidas fiscales que impulsen el cambio en las flotas de empresas y autónomos.
En paralelo, hay que multiplicar por cinco la infraestructura de puntos de recarga pública. El Gobierno prevé un mínimo de 80.000 puntos para este año y a 31 de diciembre del 2022 llevábamos poco más de 18.200. La descarbonización exige compromiso, y en esa carrera no podemos esperar… porque el resto de los países con los que competimos están haciendo justo lo contrario: acelerar.
