Todas las cifras relacionadas con el gigante asiático son apabullantes, desde su extensión geográfica, con casi 9.600 millones de kilómetros cuadrados —la tercera mundial, tras Rusia y EE.UU.—, pasando por su población de más de 1.400 millones, la más numerosa del planeta —aunque se espera que la India la supere el año que viene—, hasta su economía, la segunda del ránking internacional. Además, es la primera potencia industrial mundial, la mayor exportadora e importadora de bienes, tiene el ejército más numeroso del mundo y el segundo presupuesto militar tras EE.UU. Sin embargo, la República Popular de China, con un PIB per cápita en el 2021 de 10.616 dólares, ofrece un bajo nivel de vida para la mayoría de su población, en el puesto 64 a nivel mundial, y un Índice de Desarrollo Humano que la sitúa en el puesto 85.
Desde que el Partido Comunista se hizo con el poder en 1949, convirtiendo a la República Popular de China en un estado socialista totalitario, el Gobierno ha suprimido sistemática y violentamente todo tipo de disensión. En nuestra memoria, la masacre del 4 de junio de 1989 en la plaza de Tiananmén por la violenta represión del Gobierno de las protestas iniciadas por los estudiantes y otros grupos opositores en abril de ese año. También la ocupación del Tíbet desde 1950 y su anexión por la fuerza, que provocó diversos levantamientos con miles de muertos. O las más recientes protestas en Hong Kong, que se han saldado con el encarcelamiento de muchos de sus líderes y participantes.
La muerte de 10 personas en un incendio en Urumqi, debido al bloqueo del edificio por el confinamiento, ha catalizado el hartazgo de la población por el prolongadísimo encierro al que les somete su Gobierno, consciente de que la falta de inmunidad de grupo y su insuficiente infraestructura sanitaria no le permitiría afrontar un contagio masivo. Las protestas han trascendido pese a la censura en internet y en el resto del mundo observamos con temor un desenlace violento por un Ejecutivo implacable.