Hemos leído hasta la saciedad las catilinarias, aquel discurso de Cicerón en el Senado. Pero, normalmente, la gente repite la primera de las frases sin caer en la profundidad de la tercera: Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya?
Seguramente, dentro del Gobierno e incluso del PSOE ya haya quien comienza a entonarlas en una dirección. Una dirección hacia Interior, el ministerio de Fernando Grande-Marlaska. Un ministro al que veían posible derrotar con los primeros acercamientos de presos de ETA al País Vasco y que, sin embargo, tiempo le ha dado para protagonizar muchos más escándalos. Pero, ¿y si el actual fuese el último? ¿En qué lugar quedaría el Gobierno? ¿Cuál sería su posición? ¿Cuál la del propio ministro?
No es una situación nada fácil de gestionar ni para el posible dimisionario, ni para sus actuales compañeros de Ejecutivo. Y es que de un lado de la mesa verían cómo tiene que dejar su cartera un ministro socialista que, frivolizando con la tragedia, simplemente ocultó información sensible sobre lo sucedido en un salto ilegal de la frontera con Marruecos; mientras el otro lado mantiene intacta a la titular de un ministerio responsable de las reducciones de penas a violadores que están goteando estas semanas en los titulares. Puede parecer una nimiedad, total, es una dimisión, pero es un punto de fricción de la coalición de gobierno que, si bien todos daban por muerta cuando llegaron los primeros presupuestos, sigue viva, con muchos trasplantes, cuatro después.
Pero volvamos a Marlaska. No se puede negar ya la evidencia de toda la información que Interior ha ido ocultando durante meses sobre el asalto a la valla fronteriza; la última fue la visualización a puerta cerrada de las grabaciones de ese día, lo que ya de entrada no dejaba en buena posición al ministerio por ese halo de intriga que generaba sobre algo que, si pretendía ocultar, desde luego no lo hizo de la mejor forma. La segunda de las cruces viene sobre la posición en la que deja a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban presentes en el momento del asalto.
¿Puede un ministro del Interior dirigirse a sus subordinados a los que deja en la palestra con tal de evitar asumir la responsabilidad en la toma de decisiones?
Insisto en la complicada tarea a nivel comunicativo que tiene el gabinete del ministro para poder dar la vuelta a la crisis del asalto; la difícil salida que tiene incluso el propio ministro que le dejaría incapacitado para poder, en un futuro no lejano, ser recompensado por su aún jefe con algún otro alto cargo del Estado. De hecho, ¿en qué posición queda él, como magistrado de la sala penal del Supremo, al salir de un ministerio por ocultar la muerte de un inmigrante en suelo español y tratar con opacidad todo lo que rodea a ese día?