La discusión en torno al tamaño del Estado es vital, máxime si los niveles de déficit y deuda pública ponen en duda su viabilidad económica. Un Estado cuyas finanzas no cumplan las condiciones mínimas de sostenibilidad podría representar un riesgo, más que una garantía, para mantener a salvo los programas de acción social por básicos que fuesen. Ahora bien, esto se tiende a soslayar cuando se transmite la idea de que cuanto más grande sea un Estado, mejor. Un eslogan que choca con lo que sugieren tanto la literatura académica como la evidencia empírica: que el desempeño socioeconómico de los estados pequeños (aquellos cuyo gasto público es inferior al 40 % del PIB) es mejor que el de los medianos (aquellos en los que se sitúa entre el 40 y el 50 %) y los grandes (aquellos en los que supera el 50 %).
Para ver cómo lo hace un Estado se acude a dos tipos de índices: los de eficacia y los de eficiencia. Los primeros cuantifican los resultados socioeconómicos que consigue (calidad de la administración, sanidad, educación e infraestructuras, estabilidad económica y distribución del ingreso) con los recursos con que cuenta. Los segundos miden si malgasta o no los recursos que tiene para conseguir los objetivos trazados. Pues bien, España, con un Estado mediano tirando a grande, no sale bien parada. Un reciente informe de la consultora Freemarket concluye que en eficacia ocupa el puesto 18 de 21 países de la OCDE analizados, y la nota que obtiene es un 14 % inferior a la media de la OCDE, mientras que en eficiencia ocupa el puesto 15, con una puntuación un 26 % por debajo de la media. Excepto en sanidad e infraestructuras, el Estado español, cuyo promedio de los desembolsos a lo largo de la última década ha superado el 44 % del PIB, es de los más ineficaces e ineficientes de los países avanzados.
Estos datos revelan que, en áreas como la salud, la educación o los procesos administrativos, el Estado podría alcanzar la misma eficacia que tiene ahora gastando menos, pero mejor. Para más detalle, debería poder realizar las mismas funciones que ejecuta ahora con el 74 % de los recursos que emplea, lo cual equivaldría a un monto de gasto público de unos diez puntos porcentuales menos. Lo cual, a su vez, implicaría pasar a un Estado pequeño.
En el apartado del gasto social y las políticas redistributivas, los resultados no son más halagüeños. A pesar de que el gasto social absorbe el 25 % del PIB, la brecha de la pobreza solo se ha reducido entre un 6 y un 9 %. La relación directa entre el aumento del gasto público y la mejora de los indicadores de bienestar social vuelve a quedar, pues, en entredicho.
La conclusión parece clara. Más que invocar el aumento del Estado como forma de mejorar el bienestar de la ciudadanía, habría que invocar la eficacia y la eficiencia del Estado. Porque, en promedio, los estados que exhiben mejores resultados con los recursos que gestionan, es decir, los que resultan más eficaces y más eficientes, son los pequeños.