Subvencionar el coste de los combustibles, en un contexto fuertemente inflacionista, no tiene ningún sentido económico. Por un lado, supone incentivar el consumo de carburantes de aquellos segmentos de renta media-alta, los cuales experimentan un «efecto renta» transitorio que los lleva a utilizar más su vehículo propio y con un menor grado de eficiencia en sus desplazamientos. Son además las capas de la población que en los últimos meses están tirando fuertemente del gasto gracias a la bolsa de ahorro acumulada en los últimos dos años (los más de 45.000 millones de euros aún disponibles, y con una cifra de depósitos bancarios en máximos históricos por encima de 1,3 billones de euros).
A pesar de que el resto de la población (y en términos agregados) está frenando el consumo de transporte y energía, el «efecto renta» de las familias que están experimentando relativamente un incremento de su poder adquisitivo con medidas como el subsidio a los carburantes provoca que los precios sigan subiendo. En este sentido, los datos de consumo en tiempo real con tarjetas que publican entidades financieras como Banco Sabadell o BBVA muestran que durante el mes de mayo el gasto en el automóvil propio se ha reducido un 1 % mensual o en gasolineras un 4 %. En condiciones normales, esto habría supuesto una reducción de los precios. Sin embargo, ha sido justo lo contrario, además alimentado con más aumentos de la materia prima en los mercados internacionales (en lo que llevamos de año, el petróleo Brent se incrementó un 53 % en dólares).
Precisamente por este efecto asimétrico del consumo, los famosos 20 céntimos de rebaja por litro de gasolina y gasóleo no solo no frenan, sino que alimentan la inflación por el mayor consumo con respecto a si no hubiera habido subvención. No por menos anunciado ha sido muy distinto este efecto, dado que tenemos numerosas experiencias históricas en las que los Gobiernos siempre han caído en el error de subvencionar un producto o servicio de demanda cuasi-inelástica en medio de un proceso inflacionista. Así, en mayo el IPC adelantado del grupo especial de carburantes y combustibles registró una variación mensual positiva del 3,8 % mientras que en el mes de abril experimentó una caída del 6,4 %.
En suma, siempre que se toman medidas de estas características, en los días y semanas inmediatamente posteriores se consigue un efecto positivo. Sin embargo, en el momento en que esta información y las expectativas sobre la permanencia en el tiempo de una subvención por precio se interiorizan —tanto por parte de familias como muy especialmente de las empresas—, el efecto positivo desaparece, dando paso a efectos negativos como la subida de precios del producto final. De hecho, un efecto no buscado ha sido el estrechamiento de los diferenciales de precio entre las gasolineras pertenecientes a grandes compañías frente a las pequeñas, dado que estas últimas están añadiendo una «prima de riesgo» en el precio dados los enormes problemas que están teniendo con Hacienda a la hora de compensar el descuento en el precio.