La realpolitik, ese maquiavélico invento de Bismarck, rige las relaciones internacionales, un juego de intereses políticos, económicos y estratégicos en el que siempre pierden los mismos, ya sean los ucranianos, los palestinos, los yemeníes o los afganos. Y, por supuesto, los saharauis, a los que se niega el derecho de autodeterminación que en su día estableció la ONU. Es evidente que celebrar un referendo de ese tipo es imposible, no solo porque Rabat nunca lo permitiría, sino también porque potencias como EE.UU., Francia, Alemania y ahora España no están por la labor. Y, además, no se podría fijar un censo fiable debido a la ocupación y marroquinización del territorio saharaui. Dicho esto, el cambio histórico de posición del Gobierno, más bien de Pedro Sánchez, que acepta que el Sáhara sea una autonomía de Rabat, no puede ser despachado con una simple carta al monarca alauí, exige muchas y detalladas explicaciones por su parte, no solo del ministro Albares. En el mejor de los casos significaría un ejercicio de realpolitik, plegarse a Marruecos con el fin de cerrar la crisis diplomática con un país clave para nuestros intereses, que tiene la llave para frenar la inmigración ilegal y utiliza de forma aviesa cuando le interesa. Si la contrapartida es esa y la renuncia a reivindicar Ceuta y Melilla estaríamos hablando de pragmatismo. Todo, claro está, a costa del pueblo saharaui, con el que nuestro país tiene una gran responsabilidad como excolonia. Pero si con esta decisión no consensuada ni con su socio de Gobierno ni con la oposición, como era obligado, se pone en peligro el suministro de gas de Argelia, en plena crisis energética y social, estaríamos hablando de desastre. La indignada reacción de Argel es muy preocupante.