Supongo que el Congreso convalidará hoy el decreto-ley de reforma laboral. Pase lo que pase, en el currículo de esta norma hay que apuntar varias hitos: es la primera vez que una legislación laboral es fruto del consenso de Gobierno, empresarios y sindicatos; la negociación ha sido larga; ha sido también meritoria, porque se partía de posiciones distintas y enfrentadas; como en todos los acuerdos, las partes han hecho renuncias, aunque quizá la más notable ha sido la del Ejecutivo, que estaba comprometido por un acuerdo de coalición que planteaba la derogación de la reforma de Rajoy; la crónica de ese pacto se cierra con algo que no ha sido debidamente valorado: es también la primera vez que el Gobierno no se rinde ante las exigencias de nacionalistas e independentistas y no hace concesiones a cambio de un voto. No creo que valga como antecedente mientras el mapa político esté como está, pero el hecho es ese: por primera vez no hubo el mercadeo visto, por ejemplo, en la negociación de los Presupuestos.
Ahora, desde el punto de vista estrictamente político, queda una duda: ¿es coherente en un sistema que se define como monarquía parlamentaria que un decreto llegue al Parlamento con la condición de que no se cambie ni una coma del texto? ¿Se limita así o se burla la soberanía del Congreso, cuya misión fundamental es precisamente la de legislar, y legislar supone aceptar, pero también enmendar y corregir? ¿Es legítimo que un acuerdo alcanzado al margen del Parlamento se imponga a la Cámara legislativa sin dar opción a cambios? Varios grupos han negado su voto a la reforma por esa imposibilidad de hacer aportaciones.
Las dudas que acabo de exponer son dudas de tan alto nivel que, si se sometieran a un equipo de constitucionalistas, consumirían varias jornadas de debate, seguramente apasionado. Miradas las cosas con una perspectiva mucho más elemental (es decir, periodística), se impone el realismo. Con toda la modestia y la impericia jurídica, este cronista respalda lo hecho. Con el sistema parlamentario se cumple sometiendo a debate y votación la norma, esta o cualquier otra. Legalmente, no existe diferencia entre no aceptar modificaciones de entrada o no aceptarlas a lo largo del trámite en comisión o en pleno. De hecho, ni siquiera existe la libertad de votación del diputado, que obedece las instrucciones del portavoz del grupo. En este caso se trata de un texto negociado y acordado en cada palabra por quienes representan al mundo laboral. Cambiar los términos de ese acuerdo para ampliarlos, recortarlos o añadir algo nuevo sería desvirtuar el pacto. Y, en último extremo, si lo acordado se cambiase, ¿para qué habría servido negociar? Sería arruinar lo mejor de esta legislatura, que esta siendo el pacto social.