En un territorio donde el paro se ha convertido en una especie de condenación divina y el pavor a perder el trabajo en una verdadera obsesión para miles de personas, puede entenderse que el ejercicio de un derecho tan esencial como el de huelga derive en las acciones violentas que durante más de una semana han mantenido la ciudad de Cádiz en pie de guerra y causado graves daños a los bienes públicos y a las personas, que han sufrido los efectos de unas acciones inadmisibles en un estado democrático.
El de huelga es un derecho cuya capacidad de presión reside en sus propias consecuencias —el daño que produce a las empresas o a las administraciones que sus trabajadores dejen de prestar los servicios para los que fueron contratados—, pero, por ello mismo, debe ejercerse sin añadir el chantaje adicional que supone que grupos de huelguistas planten fuego a todo lo que encuentran por delante, corten carreteras, hagan barricadas y se comporten, en suma, como aquel proletariado que durante decenios no tenía más que esos medios de protesta, lo que a todas luces no es el caso en la España de hoy en día.
Todo lo apuntado, que es el abecé, lo sabe la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que optó, sin embargo, en el conflicto de Cádiz por justificar la barbarie de los incontrolados, como si aquella formara parte de un derecho de huelga que nada tiene que ver con sus bestialidades. Comportándose como si en lugar de ser la número tres del Gobierno estuviera en la oposición, Díaz hizo toda la demagogia imaginable manipulando el envío de una tanqueta que ordenó o permitió un ministro que se sienta con ella en el Consejo y cuya finalidad no era, obviamente, agredir a los huelguistas o a los bárbaros de la gasolina, sino deshacer las barricadas incendiarias que impedían a miles de personas hacer la vida normal a la que tienen todo su derecho.
La vicepresidenta segunda, que ha tenido la fortuna de ocupar en el Gobierno el puesto más gratificante imaginable —un ministerio que le ha permitido repartir dinero a espuertas para financiar los ERTE—, parece haberse convencido de que sus legítimas aspiraciones a encabezar una alternativa no ya al PP, sino al PSOE, son incompatibles con la lealtad al Gobierno del que forma parte, lo que le lleva a hacer cosas sorprendentes: defender, en la negociación de la reforma laboral, la posición de los sindicatos ante el Gobierno, y no lo contrario, como es la obligación por la que se le paga su salario; o actuar, de forma sistemática, como la opositora a la ministra de Economía, acusándola, de forma implícita o expresa, de ser la representante de los intereses de la derecha dentro del Ejecutivo.
Díaz, Montero o Belarra tienen, por supuesto, todo el derecho a discrepar desde el populismo izquierdista, de gran parte de las decisiones del Gobierno (lo hagan por estrategia política o sincera convicción), pero lo lógico en democracia es combatir tales decisiones desde fuera del Ejecutivo y no como ministras. A eso algunos le llamamos honradez.