A lo largo de estos últimos años, en medio del ruido ensordecedor que genera la inestabilidad política que vive nuestro país, he defendido que con la Constitución de 1978 España ha vivido el mejor momento de su historia en cuanto a progreso, bienestar y libertad. Y esto ha sido posible porque nuestra nación ha sabido siempre distinguir entre las corrientes de fondo, las que verdaderamente impulsan en una dirección imperturbable y las corrientes de superficie, más visibles, donde chocan los intereses de la política, la inestabilidad de coyuntura y el ruido de la discordia.
Éxito de la Constitución es la consolidación del Estado de las autonomías como base sólida del estado de bienestar, basado en el principio de la solidaridad entre territorios y personas, la cercanía y consolidación en la gestión de los servicios públicos y la posibilidad de aplicar soluciones adaptadas a las particularidades que definen los diferentes territorios de España, sin renuncia de los grandes valores de orden y obligación general que nos convierten en una de las pocas democracias reconocidas y reconocibles como tales en el mundo.
Las dos gravísimas crisis que hemos vivido desde el 2008 han demostrado que la gestión autonómica de los servicios públicos esenciales supera en logros y ventajas a las dificultades que pudieran suponer, pero también que el esfuerzo por mantener lo que a los españoles corresponde por derecho constitucional no es equitativo por razones de extensión geográfica, número y pirámide de población, y capacidad de producción. Es una cuestión de fondo que afecta de verdad a la igualdad de derechos de los españoles y que amenaza a la estabilidad de España más que otros problemas con más eco, carga de populismo, nacionalismo o partidismo político. Mientras unos pretenden ventajas presupuestarias en negociaciones ajenas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las comunidades de mayor población exigen que sea este baremo el que decida la distribución de fondos. Pero el Estado debe asumir que no cuesta lo mismo un centro de salud para una serranía de baja población que para un barrio de Madrid o Sevilla.
Las comunidades autónomas entendemos la diversidad como una vía de mejor gestión de la responsabilidad del Estado, no como una red de fronteras entre españoles. Por eso, ocho comunidades con gobiernos diversos, pero con problemas similares en cuanto a financiación, hemos suscrito una posición conjunta para la defensa de la igualdad de derechos de los todos los españoles, sea cual sea su lugar de residencia, mediante un modelo más adecuado y más justo de financiación, a discutir donde debe hacerse: en el CPFF.