El Gobierno frente a los transportistas: mal negocio para España
OPINIÓN
El 95,8% de las toneladas-kilometro producidas se mueven a través del transporte público. La recuperación de un país no puede venir de la mano de la subida de impuestos y tasas, sino más bien de todo lo contrario. Ahora, cuando llevamos más de un año y diez meses con la situación de la pandemia, dejando atrás vidas y negocios cerrados, después de una caída de los ingresos públicos y una inadecuada gestión del gasto, el Gobierno vuelve a poner el acento en la herramienta de los impuestos y tasas de rápida recaudación en un intento de recuperar los niveles de dichos ingresos y hacer frente a los compromisos con Bruselas para poder ser acreedores de la confianza de la Comisión en la entrega de los fondos europeos para la recuperación.
Con argumentos muy manidos de tipo medioambiental y de gestión de recursos públicos, utilizados por las administraciones con falta de liquidez, nos intentan imponer el demagógico principio de «el que contamina paga» y «el que usa paga». Habrá que tener en consideración, que solo los impuestos indirectos sobre los combustibles han venido suponiendo unos ingresos para las arcas públicas, durante mas allá de la última década del entorno a una media anual de 11.000 millones de euros. A esto habría que sumar el IVA soportado por cada litro de combustible vendido, que supera los 7.000 millones de euros.
Con lo cual cabe llegar a la conclusión de que el sector de la carretera ya paga por el uso de la carretera lo suficiente para su mantenimiento y conservación, así como para hacer frente a otro tipo de costes relacionados con el medio ambiente, y aún queda mucho margen para destinar fondos a otras partidas de carácter social.
Cualquier tentativa de introducir un coste adicional al sector del transporte de mercancías por carretera no solamente será un ataque a la competitividad del sector, sino a la de la industria y los productos españoles en los mercados europeos y mundiales y, por añadido, a la renta disponible y poder adquisitivo de las familias que demandan los productos transportados.
Bajo la hipótesis de la implantación de las medidas anunciadas, a España le tocaría pagar el impuesto sobre el combustible en España (aumentado), la euroviñeta en España (doble pago) y la euroviñeta en Europa. A esto habría que sumarle una posible fuga de consumos de combustible por las flotas internacionales, si la subida de los impuestos del gasoil no hace atractivo el consumo en España. Todo esto suena a mal negocio para España, si además contemplamos que más del 80 % de los usuarios de las carreteras son españoles.
Llama la atención que el mismo Gobierno que presumía del ahorro que supondría la supresión de los peajes en la AP-7 y la AP-2 sea el mismo que ahora planea, sin escuchar a los transportistas, implantar una viñeta y, posteriormente, el pago por uso.