La liberación de Puigdemont, detenido en cuanto salió del avión en que viajaba a la ciudad sarda de Alguer, es otra bofetada a la indeclinable pretensión de la justicia española de acabar con una situación escandalosa. El Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña, ordenó poner en libertad a Puigdemont, al día siguiente de ser detenido, tras una más que dudosa interpretación de la cuestión de si está o no en vigor la euroorden dictada contra él por el juez Pablo Llarena. Dudosa, sí, porque Llarena reaccionó de inmediato remitiendo a los jueces italianos la euroorden cursada en su día contra el expresidente de la Generalitat.
Aunque la justicia italiana decidirá finalmente el 4 de octubre sobre la entrega de Puigdemont para ser juzgado por los gravísimos delitos por los que está imputado en rebeldía, nada es seguro, dado que el fugado podría solicitar de nuevo la inmunidad que le fue retirada al haberlo establecido así el Tribunal General de la UE, que decidió en ese sentido a la vista del increíble informe de la Abogacía del Estado (es decir, del Gobierno español), que, en contra del Tribunal Supremo, manifestó ¡que la euroorden estaba suspendida!
Pedir al Gobierno una aclaración inmediata por una más de sus muchas acciones jurídicas oscuras e irregulares -auténtica legión- es tan indispensable como inútil, pues Sánchez está convencido de que puede hacer lo que le plazca mientras no se sepa o, aun cuando se conozca, siempre que logre engañar a sus electores echando la culpa a la mitad de los españoles que encuadra dentro del término fascistas: los que no votan al PSOE, a Podemos o a los separatistas.
Lo cierto es que las actuaciones, primero del Gobierno de Rajoy (tolerando durante meses a los separatistas organizar un golpe de Estado a la vista de todos sin adoptar las medidas previstas en la Constitución para evitarlo, medidas que llegaron cuando ya el golpe se había consumado), y las mucho más graves adoptadas desde hace tres años por el de Sánchez (que gobierna con el apoyo de los golpistas, les ha otorgado un indulto general prohibido en la Constitución y pretende pactar con ellos un nuevo estatus constitucional para Cataluña a espaldas de las Cortes y el Parlamento catalán) han acabado traduciéndose en que España sea hoy tomada por el pito del sereno en relación con el desafío independentista catalán, dirigido por quienes pretenden irse de España hundiendo al país que odian en el desprestigio y la vergüenza.
Y es que, más allá de complejas cuestiones jurídicas, el hecho de que un prófugo, cabecilla de un golpe de Estado por el que sus subordinados han sido condenados a graves penas de prisión, lleve casi cuatro año paseándose por Europa sin que ninguno de los países de la UE que podían y debían haberlo hecho haya aplicado la euroorden para lo que fue creada pone de relieve que España está siendo tratada como un trapo por quienes no tolerarían ni un minuto a sus aliados que hicieran con ellos lo que ellos llevan años haciendo con España.