La remodelación del Gobierno generó desconcierto, pese a estar sobradamente anunciada, más por el alcance de la escabechina, que afectó a un 40 % de los ministros que dependen de Pedro Sánchez, que por el currículo o el peso político de quienes pasan a formar parte del Ejecutivo, sin que esto suponga prejuzgar la capacidad de los nuevos responsables de las carteras, que solo podrá ser medida por su gestión. A pesar de la imagen de revolución total que quiso transmitir Sánchez con la rocambolesca explicación de que el anterior era un Gobierno de «emergencia» y el que ahora comienza es el de la recuperación, un análisis sosegado permitía concluir que era más un cambio de caras en departamentos con ministros más desgastados que un giro en las políticas.
Dos hechos hacían pensar que se trataba de un ejercicio lampedusiano en el que todo cambia para que todo siga igual. Por un lado, el equipo económico se mantiene intacto, como no podía ser de otra manera cuando el Gobierno ha asumido compromisos ineludibles con la Unión Europea a cambio de la llegada de los fondos de recuperación. Tocar esas piezas habría puesto en riesgo no ya a este Ejecutivo, sino a España entera. El otro no movimiento que parecía indicar que solo lo accesorio salta por los aires mientras lo importante sigue en su sitio era la permanencia de Margarita Robles, que ha sido el elemento principal para mantener la sensatez frente a la permisividad, cuando no complicidad, de otros miembros del Gobierno frente a los desvaríos e irresponsabilidades de Podemos.
Es precisamente ese plus de responsabilidad y respetabilidad que se le suponía a Robles el que añade gravedad a sus alarmantes declaraciones, en las que acusó a los magistrados del Tribunal Constitucional de hacer «elucubraciones doctrinales» en la sentencia que invalida el confinamiento total de la población por medio del estado de alarma. Una declaración semejante resultaría esperable de ministras naíf como Ione Belarra o Irene Montero, pero no de quien fue magistrada del Supremo. Mi estupefacción me llevó a creer que se trató de un desliz que sería rápidamente corregido. Pero mi alarma se disparó, al contrario, cuando Félix Bolaños, nuevo ministro de la Presidencia, presentado como el gran arquitecto jurídico del Gobierno, afirmó que «el debate del Constitucional sobre el paraguas [el del estado de alarma o el de excepción] no es importante, sino las medidas tomadas».
Dos errores de semejante calado son demasiados para pensar que se trata de una casualidad. Lo que transmiten dos juristas como Robles y Bolaños es una deslegitimación inaudita del Tribunal Constitucional y también una especie de «lo volveremos a hacer» si es necesario. Algo que resulta especialmente peligroso cuando se tiene como socios a un partido como Unidas Podemos, que quiere acabar con la Constitución, y a unos independentistas que amenazan con violarla de nuevo a la menor ocasión. De seguir por esa senda, el Gobierno habría salido de lo malo para entrar en lo peor. Eso sí es crear un verdadero estado de alarma.