Lo sé, suena a condena. Pero imagínese la escena. Tras más de 44 años y medio trabajando, se levanta un día con ganas de no volver a escuchar el despertador y se planta en la oficina de la Seguridad Social para que le informen de cuánto le quedaría de pensión. Y el funcionario, tras introducir sus datos en el ordenador, le responde que, aunque solo le quedan tres meses para llegar a la edad de jubilación que marca la ley, si quiere dejar de trabajar deberá asumir un recorte de por vida de más del 3 % en su futura prestación.
Pese a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que el pasado octubre reclamó al Gobierno que elaborase un informe sobre el efecto de los coeficientes reductores en la jubilación anticipada y su impacto en los trabajadores con largas carreras de cotización, el ministro Escrivá ha incumplido el encargo. El estudio, que debería haber estado listo en febrero, no llegará a las Cortes antes de finales de mes, un retraso que justifica en la complejidad de los cálculos y el perfeccionismo de su equipo, ese que el presidente de la patronal definió como un «laboratorio» más preocupado por las hojas de Excel que por las personas.
La demora no tendría más trascendencia si no fuera porque, en estos meses, el ministro sí ha tenido tiempo para diseñar y pactar con los agentes sociales una reforma de las pensiones que no solo no despenaliza la jubilación anticipada en los trabajadores con más de 40 años cotizados, sino que incluso aplica recortes más severos para aquellos que pretenden adelantar el retiro apenas unos meses. ¿No han elaborado cálculos en el ministerio para establecer esos nuevos coeficientes reductores? ¿Qué sentido tiene presentar un estudio cuando la reforma ya se esté tramitando como proyecto de ley en el Congreso?
Por eso no es de extrañar que desde Asjubi40, una de las asociaciones que defiende eliminar estos tijeretazos en la pensión para aquellos trabajadores que más han aportado al sistema, se muestren desconfiados sobre las intenciones de Escrivá. Porque parece difícil imaginar que, mientras se anuncian ajustes en la pensión de los baby boomers, la Seguridad Social vaya a abrir la mano para que puedan adelantar su retiro y seguir engordando una factura que exige, de una vez por todas, un debate adulto y sin cortoplacismo político sobre su sostenibilidad.