Este periódico lleva varias semanas dedicando su atención a un asunto que va ganando creciente importancia en la Galicia real, es decir, en la que viven a diario cientos de miles de personas: la relación -de amor y de odio, escribía hace unos días Fátima Fernández en un excelente reportaje- entre las zonas rurales del país y los planes de instalar allí parques eólicos que por sus descomunales dimensiones pueden llegar a atentar contra el desarrollo y modernización de una economía productiva donde la agricultura y la ganadería juegan un papel fundamental.
Los solicitantes de parques eólicos cuentan a su favor con una presunción, podría decirse, de bondad: la que les otorga una sociedad que cree cada vez más que las energías limpias deben ir desplazando, en la medida de lo posible, a las que generan gases de efecto invernadero, responsables en gran medida de un deterioro medioambiental que resulta crecientemente menos soportable si pensamos en nuestros hijos y nuestros nietos y no solo en nuestras necesidades inmediatas de consumo.
Hay empresas que con todas sus consecuencias han hecho de la sostenibilidad uno de sus objetivos esenciales: ahí está Inditex, cuyo presidente, Pablo Isla, anunció, ya a mediados del 2019 que, antes del 2025, el cien por cien del algodón, el lino y el poliéster utilizado por las marcas del grupo sería orgánico, sostenible o reciclado, añadiendo que «la sostenibilidad es una tarea constante en la que estamos implicados todos los que formamos parte de Inditex y en la que estamos involucrando con éxito a nuestros proveedores».
Por contraste, en el mundo de la energía eólica actúan en no pocos casos meros especuladores, que aspiran a conseguir sus licencias con la única pretensión de negociar luego con ellas para obtener en el mercado multimillonarios beneficios. A estos, para decirlo claro y pronto, el medio ambiente, Galicia o la sostenibilidad se la traen completamente al fresco, pues en lo que están pensando es, como en la película de Woody Allen, en tomar el dinero y salir corriendo, sin tener en cuenta para nada el daño que pueden ocasionar a las familias y a las empresas que se pueden ver perjudicadas por la instalación en sus propiedades, o en los terrenos aledaños, de aerogeneradores que pueden tener hasta 200 metros; una altura que, para entendernos, es casi tres veces la de las dos torres laterales de la fachada de la catedral compostelana.
Galicia es un país pequeño, pero grande de más para que haya que colocar aerogeneradores justamente donde pueden causar estragos irreparables al sector agrícola y ganadero, que es básico para nuestra economía. Hacer compatible la producción de energías limpias con otras actividades es un reto al que no podemos renunciar como colectividad. Y del que tenemos derecho a esperar el compromiso de las administraciones competentes en la defensa de los intereses colectivos, que son los de todos y no solo los de quienes se esconden tras el trampantojo de la ecología mientras únicamente piensan en la pasta.