Metido ya el Gobierno de hoz y coz en plena campaña para indultar a los condenados por organizar en Cataluña un acto de sedición contra el Estado democrático, el ministro de Justicia acaba de echar su cuarto a espadas afirmando que no debemos «asustarnos» de los instrumentos previstos en las leyes y que, en consecuencia, debemos tomarnos «con naturalidad» la concesión del indulto que, al parecer, el Gobierno ya tiene decidido.
Juan Carlos Campo debe creer que por ser ministro y juez es el único español que sabe derecho y por eso nos trata con una mezcla insufrible de condescendencia y altivez, como si todos, para decirlo claro y pronto, fuéramos tontos de remate. Y es que el único que debería estar asustado de verdad por lo que va a hacer es el Gobierno, que no va a tomar una decisión natural, sino, muy al contrario, absolutamente extraordinaria, de una forma arbitraria y fuera de lugar.
El indulto supone, por definición, una derogación excepcional del principio de la separación de poderes, por virtud del cual, y por decirlo con la Constitución, el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. El indulto rompe con ese básico principio, pero, para evitar que se convierta en un abuso de sus facultades por parte del Gobierno, se establecen toda una serie de garantías: entre otras, que sea informado por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el tribunal sentenciador. Este deberá hacer constar en su informe, entre otros extremos, y especialmente, según determina la ley reguladora del indulto, las pruebas o indicios de arrepentimiento del penado.
¿Ha habido ya informe de la Fiscalía? Sí, y es radicalmente contrario a los indultos. ¿Lo ha habido del Supremo? Aún no, pero todo indica que será también negativo. ¿Se ha pronunciado la Abogacía del Estado? Sí, pero escabulléndose y sin resolver sobre el fondo. ¿Se han arrepentido los penados? Ninguno, pues todos han manifestado, cada vez que han tenido la ocasión, que no solo no se arrepienten sino que volverían a cometer los actos por los que fueron condenados. De hecho, ninguno ha solicitado personalmente el indulto, pues todos exigen la amnistía, aunque esté prohibida por la Constitución.
¿Existen, en suma, razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen el indulto que el Gobierno ya tiene decidido? La respuesta es evidente: ni una sola.
Lo que hay son motivos de exclusivo interés partidista del Gobierno: seguir contando con el apoyo de ERC para poder mantener viva la legislatura. Pero, como señalaba con toda razón la Fiscalía en su informe, el indulto ni es «un instrumento que esté diseñado para alterar a modo de última instancia judicial el sentido o signo de una resolución judicial», ni «una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales». Por ello, y como sería el caso si se indultase a los sediciosos, no estaríamos ante una medida de gracia sino ante un clarísimo abuso de su poder por parte del Gobierno. Otro más.