Marruecos, enfadada con España por haber facilitado asistencia hospitalaria al líder del Frente Polisario, alentó o facilitó la invasión de Ceuta por 8.000 inmigrantes. La Unión Europea reaccionó como cabía esperar ante la flagrante violación de sus fronteras. Schinas Margaritis, vicepresidente de la Comisión Europea, advirtió a Rabat: «Nadie puede chantajear a la UE». Frase sumamente reveladora, pero solo verdad a medias. Chantaje sí, en el estricto significado que le da el diccionario: presión que se hace para sacar algún provecho. Pero Marruecos sí puede extorsionar con éxito a la UE, porque Bruselas le concedió vara alta y galones de gendarme de fronteras. Lo convirtió en aduanero que, por un módico precio, contiene el aluvión de desposeídos que se agolpan a las puertas de Europa. Y que abre las compuertas cuando, insatisfecho con sus emolumentos, reclama subida de salario. Una pizca de razón tiene el chantajista: Marruecos, o Turquía, en el otro extremo, realizan el trabajo sucio de una Europa que no quiere mancharse las manos directamente. Alguien los definió como subcontratistas que, de vez en cuando, se plantan y exigen una revisión de las tarifas.
Dos precedentes ilustran las delicadas relaciones entre España y Marruecos. La ocupación del islote de Perejil por marinos marroquíes, en julio del 2002, y su posterior desalojo por tropas españolas. Nunca quedó claro el motivo de la agresión, precedida además por una escalada de tensión y la retirada del embajador marroquí en Madrid. Rabat reprochaba al Gobierno español su apoyo al censo de saharauis que realizaba Naciones Unidas y Mohamed VI habló entonces de «la traición de Aznar». La disputa, sin embargo, tenía un origen más monetario: la cancelación de los acuerdos pesqueros.
En agosto del 2014, una patrullera española interceptó el yate de Mohamed VI frente a las costas ceutíes y pidió la documentación al rey. El monarca alauí, ofendido, llamó a Felipe VI. El presidente Rajoy se disculpó por activa y por pasiva, e incluso destituyó al teniente coronel al mando de la Guardia Civil de Ceuta. Pero Rabat no perdonó el desaire ni la represalia: una avalancha de más de 1.400 inmigrantes arribaron a las costas andaluzas en solo dos días.
Ambos casos muestran que ni el contencioso del Sáhara ni la hospitalización de Brahim Gali son la causa del conflicto actual. Solo un pretexto para la extorsión. Marruecos sabe que su apropiación del Sáhara va a misa y santificada por Trump. Sabe también que los gobiernos de España hace tiempo que han dimitido, consideran perdida la causa saharaui y la han sustituido por inocuos gestos humanitarios. El objeto del chantaje es otro distinto: el vil metal. Tal vez esos 434 millones de euros que Rabat reclama a Bruselas para controlar, sin muchos miramientos ni zarandajas de derechos humanos, la marea humana que quiere saltar a Europa. Si mi interpretación es correcta, pronto veremos que Bruselas o Madrid pagarán más, Rabat volverá a «cooperar» y las aguas de la riada retornarán a su cauce.