Ellas, discriminadas hasta en el IRPF

José María Mollinedo EN LÍNEA

OPINIÓN

JOSÉ PARDO

08 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Uno de los asuntos espinosos de esta semana ha sido «la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)». Más allá de las declaraciones de varias ministras negando que haya una decisión tomada, convendría esclarecer si estas ventajas son acertadas o no.

Las familias presentan declaración conjunta si es más favorable que la individual, y normalmente interesa cuando el segundo perceptor no aporta o aporta un máximo del 10 % de los ingresos del hogar, siendo las mujeres el miembro del hogar con menor renta en el 84 % de los casos.

A 26,6 millones de personas no les afecta la tributación conjunta, porque les beneficia más la tributación individual o por la baja cuantía de sus rentas. En cambio, las presentan 3,5 millones de familias con un coste fiscal de 2.393 millones, de las que tres millones son familias de dos cónyuges que disfrutan del 91 % del coste fiscal, y medio millón son familias monoparentales que solo se benefician del 9 % restante.

En Galicia tampoco afecta la reducción a 1,7 millones de personas. Beneficia a 209.853 familias en 683 millones. De ese total, 185.337 son familias de dos cónyuges que disfrutan del 92 % del coste, y las familias monoparentales recogen solo el 7,7 % restante, siendo igualmente, las mujeres la cabeza de familia monoparental en el 81,2 % de los casos.

Paradójicamente, el beneficio fiscal beneficia al sustentador principal del hogar, normalmente el varón. Y como todas las reducciones de la base imponible, beneficia más a quien más gana, por lo que también es un beneficio regresivo al ir en contra de la progresividad del IRPF. De hecho, la mitad de las familias con mayor renta disfrutan del 85 % del coste fiscal, y el 10 % de mayor renta acumula el 22 % del coste.

El coste que el Estado destina a esta ventaja fiscal no reduce las dos brechas de género por las que las mujeres cobran menos que los hombres y la tasa de empleo es 10 puntos menor que la masculina.

Por estos desajustes, los Técnicos del Ministerio de Hacienda proponemos volver al sistema vigente entre 1999 y 2006 que incrementaba el mínimo familiar según el tipo de familia y las características de sus miembros.

Con ello, se ahorrarían 1.035 millones que podrían dedicarse a políticas activas de empleo de la mujer. Y como el acceso al trabajo es difícil para las mujeres a partir de 48 años, el Gobierno acierta en mantener transitoriamente las ventajas fiscales de la tributación conjunta.