Y después del estado de alarma ¿qué?

Roberto Blanco Valdés
Roberto L. Blanco Valdés EL OJO PÚBLICO

OPINIÓN

AMPE ROGERIO | Efe

09 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Movido solo por afanes partidistas, que intenta vender siempre como defensa de los intereses generales, el mismo Gobierno que decidió, en medio de un gran escándalo político, extender ¡seis meses! el estado de alarma, para eludir así el control del Congreso, nos cuenta ahora que será innecesario mantener tal excepcionalidad en el régimen de las libertades y derechos.

¿Quizás porque una mejora de la situación sanitaria permite prescindir de medidas que, según el propio Ejecutivo, solo el estado de alarma permitía? En absoluto, pues, metidos en una creciente cuarta ola, los datos de la pandemia empeoran cada día. ¿Quizás porque el Gobierno aprovechó el año transcurrido desde marzo del 2020 para acometer una reforma en la legislación sobre epidemias que muchos presidentes autonómicos, con Feijoo a la cabeza, solicitaron de forma reiterada? Ni de lejos, pues de la normativa entonces vigente no se ha alterado ni una coma. ¿Quizás, en fin, porque en el último año un cambio de la doctrina judicial posibilita afrontar la situación sanitaria tras el estado de alarma sin necesidad de volver a declararlo? Tampoco, pues de tal cambio nada ha habido.

La razón por la que el Gobierno dice Diego donde ¡durante un año! dijo digo no es otra, según lo explicó ayer Gonzalo Bareño en este espacio, que la convocatoria de elecciones en Madrid, en cuya precampaña no quiere Sánchez dejar en evidencia la debilidad que mostraría si no fuese capaz de lograr la aprobación de una nueva prórroga del estado de alarma en el Congreso.

Lejos de cualquier cambio de las circunstancias sanitarias, es ese espurio interés gubernamental el que obligará a las comunidades a luchar contar el covid-19, tras el 9 de mayo, en la misma situación de grave inseguridad jurídica que ya sufrieron entre la declaración del primero y el segundo estados de alarma: inseguridad sobre lo que podrán hacer o no y sobre cuándo necesitarán autorización judicial para actuar.

Es decir, un barullo ya conocido, que podría y debería haberse evitado si el Gobierno, en lugar de empecinarse en lo contrario, hubiera atendido las peticiones regionales ya citadas, en las que ahora acaba de insistir el Consejo de Estado: impulsar una adecuación legislativa que aportase «mayor detalle y concreción [a la ley de 1986, de medidas especiales en materia de salud pública] en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública». Y ello porque la crisis sanitaria ha demostrado «que la regulación de los mecanismos extraordinarios previstos en la legislación sanitaria para tutelar la salud pública en este tipo de situaciones presenta carencias por la falta de concreción de cuatro aspectos: las medidas susceptibles de ser adoptadas en estos casos; los requisitos exigibles para su adopción; el régimen sancionador aplicable; y los términos y alcance de la garantía judicial». Más claro, agua, señor Sánchez.