«El principio del fin». Cada vez que se ha pronunciado esa frase desde el comienzo de la pandemia -y han sido muchas-, la realidad la ha desmentido de manera cruel, con sucesivas oleadas de muertes y contagios. Carece por tanto de cualquier sentido aventar una vez más esa certidumbre infundada de que estamos ya en el final, porque eso solo puede servir para que nos relajemos ante un enemigo que ya ha demostrado su capacidad para levantarse cada vez que se le ha dado por muerto. Pero si realmente el Gobierno está convencido de que nos encontramos en el momento decisivo para acabar con esta tragedia sanitaria y económica, resulta aún más incomprensible su decisión de levantar el estado de alarma a primeros de mayo, precisamente cuando España y Europa entera se van a enfrentar al mayúsculo desafío que implica atravesar el campo de minas que supone el verano sin que las muertes y los contagios se multipliquen.
El estado de alarma se ha demostrado como el arma más eficaz para hacer frente al virus, facultando a las administraciones para adoptar restricciones a la movilidad, cierres perimetrales o toques de queda. Y, como el Gobierno ha renunciado a pactar durante este año un nuevo marco jurídico adaptado a la pandemia, sin estado de alarma esas medidas no tendrían amparo legal si no son autorizadas previamente por un juez. Algo que limitaría la inmediatez en la implantación de las decisiones, vital para no ir siempre por detrás del virus. El propio Pedro Sánchez aseguró en junio, cuando solo llevábamos cuatro meses de pandemia, que el estado de alarma había «salvado 450.000 vidas» en ese período. Mantenerlo hasta que se alcance el objetivo de tener vacunada al menos a un 70 % de la población salvaría sin duda muchas otras.
La negativa a intentar siquiera una prórroga del estado de alarma que cubra el verano, garantizando así la seguridad, aunque fuera con unas nuevas condiciones pactadas que permitieran un respiro a los ciudadanos y a la economía, no obedece por tanto a causas sanitarias o científicas. Solo se explica por el temor del Gobierno a afrontar a pocos días de las elecciones de Madrid un debate en el Congreso en el que no tendría asegurada la mayoría para aprobar ese decreto. Una derrota parlamentaria demostraría que, pese al triunfalismo del Ejecutivo, España está gobernada por una coalición en minoría.
Adoptar por motivos políticos decisiones que pueden afectar gravemente a la salud y la economía de los españoles, o más bien dejar de adoptar las que son claramente necesarias, indicaría que no estamos ante el principio del fin, sino ante el fin de los principios.