Hay que poder llegar a una política de consenso que beneficie a todas las partes y redunde en favor de todos los ciudadanos, los que quieren una vivienda digna para alquilar y los que quieren alquilar su vivienda de forma digna. Los inmuebles de alquiler en España están, en su mayoría, en manos de pequeños inversores (autónomos, empresarios dueños de pymes, emigrantes, etcétera), personas que invirtieron sus ahorros pensando en un futuro mejor y más digno para complementar su escasa pensión de cara a su jubilación. Los bancos y fondos de inversión ha proliferado en los últimos años, pero son aún minoritarios en nuestro país.
Cuando hablamos de alquiler solo vemos la parte de aquella persona que está buscando -y muchas veces no encuentra- un piso para arrendar que, además, sea bueno, bonito y barato. Pero no miramos el más allá y es que los contratos tienen dos partes y también está el arrendador. Esa persona que ha comprado el piso como inversión y tiene que sacarle un rendimiento -en muchos casos para pagar la hipoteca del piso, de su casa, complementar su pensión, pagar los estudios de sus hijos- y a la que demonizamos pensando que solo quiere pedir una renta que nos parece muy alta o a la que no podemos llegar. No pensamos en cuánto le costó comprar y acondicionar ese piso, ni el riesgo que corre al alquilarlo. En estos casos no recordamos que el arrendador no nos tiene que garantizar ni la vivienda digna (que le corresponde al Estado) ni un precio tasado por vivienda, pues en el mercado existe la libre competencia y puede pedir la renta que estime conveniente por su propiedad y nadie está obligado a aceptarla. Somos libres para elegir lo que nos conviene e interesa o no. La inversión inmobiliaria en España supone aproximadamente de media un tiempo de entre 15-20 años para amortización y un rendimiento de entre el 5 y el 7 % que, según los casos y lugares, puede variar. El arrendador, además, se enfrenta al riesgo de encontrar un buen inquilino que pague la renta, cumpla el contrato, cuide el piso, o un al inquilino que le dé problemas con impagos de rentas, okupas, destrozos, etcétera. Las leyes no le favorecen e históricamente nunca han sido favorables para los arrendadores. Parece que los tiempos no van a mejorar en tal sentido.
Invertir en vivienda para alquilar es un riesgo. Son todos esos pequeños arrendadores los que mantienen el parque de pisos alquilables en España. En ellos viven la mayoría de los inquilinos en nuestro país. Es hora de que les ayudemos y no pongamos más trabas que conlleven agotar y acabar con el mercado del alquiler.
Fomentarlo, en este momento, es complicado pero requiere y exige un camino que debemos andar juntos, una profunda reflexión y un gran pacto entre partidos políticos y Gobierno. También deben estar representados los agentes sociales, como los administradores de fincas colegiados. El objetivo es poder llegar a una política de consenso que beneficie a todas las partes y redunde en favor de todos los ciudadanos, los que quieren una vivienda digna para alquilar y los que quieren alquilar su vivienda de forma digna. Pues todos tenemos derechos y obligaciones, algo que parece que se ha olvidado en favor de una de las partes.