La Delegación del Gobierno en Madrid deja la capital sin manifestaciones por el 8-M. La manifestación es un derecho fundamental en democracia pero, durante el estado de alarma, toda manifestación que conlleve riesgo para la salud pública debe ser prohibida, es más, ni siquiera debiera ser convocada. Causas perentorias, como la defensa de las mujeres, los sanitarios o los hosteleros, pueden esperar. Cuanto más, causas ilusorias, como el derecho a decidir o la libertad de expresión de un rapero faltón. El que no espera cuando nos reunimos, cuantos más mejor, y gritamos, cuanto más mejor, es el virus. Aunque se restrinja el número de asistentes, se celebren al aire libre y se usen mascarillas, los organizadores de las manifestaciones no pueden garantizar la distancia social. Quien niega la relación causa-efecto entre manifestación y contagio es tan negacionista como el que considera que la pandemia no es más que una gripe, pues está demostrado que la manifestación es un escenario propicio para la propagación del virus.
La Constitución española reconoce el derecho a la manifestación pacífica, pero ciertas manifestaciones comienzan en paz y acaban en disturbios callejeros, en los que esa causa-efecto aumenta de modo exponencial, debido a la participación de individuos alterados, tapados y destapados, que convierten las manifestaciones en altercados, donde se pasa de lanzar consignas a lanzar adoquines y de quemar fotos a quemar contenedores. Tampoco proceden aglomeraciones eufóricas, tanto para recibir al equipo de fútbol como al líder que ha ganado unas elecciones, pues el virus no distingue entre contentos y descontentos. Hasta los partidarios de salvar la Semana Santa debieran comprender que las procesiones no dejan de ser manifestaciones, de júbilo religioso, pero manifestaciones. Ahora bien, ya que nos hemos quedado sin «manifas» el 8-M, no estaría mal que todos conversásemos en casa ese día sobre la situación de la mujer, que continúa siendo manifiestamente mejorable.