El Gobierno vetó anteayer en el Consejo Interterritorial de Sanidad, órgano que decide por consenso, la posibilidad de que las comunidades autónomas, más allá de lo previsto en el real decreto de estado de alarma de octubre pasado, puedan modular la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, es decir, lo que se ha dado en llamar toque de queda.
La petición -avalada por trece territorios: las comunidades de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco y la ciudad autónoma de Melilla- estaba apoyada no solo por gobiernos regionales que representan al noventa por ciento de la población, sino también por ejecutivos que dirigen los principales partidos del país. Es decir, no se trataba, como tantas veces en el pasado, de una forma de hacer oposición regional al Gobierno nacional, sino de algo radicalmente diferente: la muy razonable petición de autonomías que gestionan casi en solitario la lucha contra el covid-19 y que no disponen, sin embargo, de los instrumentos necesarios para hacerle frente en un momento en que el virus está fuera de control, con cifras desconocidas desde que la pandemia comenzó a hacer estragos en la salud y la economía de los españoles.
Con muchos centros sanitarios asediados por el imparable avance del covid-19 y no pocas ucis ya al borde del colapso, los presidentes autonómicos, que se ven impotentes para doblegar la curva de contagios, acudieron a la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad convencidos de que no había motivo alguno, justificable en la razones objetivas, para que el Gobierno se negase a aceptar su petición de facultades para poder ampliar el horario del toque de queda en sus respectivos territorios.
Incomprensiblemente, sin embargo, el mismo Gobierno que ha puesto en manos de las comunidades la gestión de la segunda y la tercera olas de la pandemia y que, en la práctica, se limita a comportarse como un observador externo en la lucha titánica de los gobiernos autonómicos contra el coronavirus, se ha negado en redondo a la petición de los ejecutivos regionales con este argumento peregrino: que se derrotó ya al virus en el pasado y que «lo derrotaremos otra vez» con las medidas ahora vigentes. Esas palabras del ministro de Sanidad constituyen una simple profesión de fe, poco creíble en quien considera, contra el juicio de la inmensa mayoría de los especialistas, que la marcha del proceso de vacunación es «óptima». Sí, sí, ¡óptima!
El Gobierno, que actúa con una irresponsabilidad verdaderamente inconcebible, practica una especie de despotismo iletrado, que se basa en el principio de todo paras las comunidades autónomas (es decir, toda la responsabilidad), pero sin las comunidades autónomas (es decir, sin permitirles adoptar las decisiones que estiman necesarias). Hay también otra manera de decirlo: el Ejecutivo, como el perro del hortelano, ni gobierna, ni deja gobernar.