De mal en peor


La pésima situación económica que atraviesa España, agravada por el covid-19, venía deteriorándose desde mucho tiempo atrás. Durante años, nos han querido vender una ensoñación de la que despertamos para darnos cuenta que lo que vivimos es una pesadilla. El Parlamento Europeo ha solicitado a sus miembros el abandono de los estados de emergencia, en sus diferentes acepciones o al menos limitar su impacto. Sin embargo, el Gobierno central y los autonómicos adoptan medidas restrictivas de derechos, con escasa o nula base científica. Ni unos ni otros hacen caso de las recomendaciones de los organismos internacionales. Todo vale con tal de limitar y restringir los derechos de las personas.

Necesitamos que, por fin, alguien explique de manera convincente el porqué de las decisiones que se toman. Hoy por hoy, lo único que se percibe con claridad es que los políticos malean a la población, lo que tampoco les resulta nada difícil, dada la dócil sumisión de unos ciudadanos empobrecidos, que caen cada día un poco más en la desesperanza. La cuarta parte de la población española, unos 12 millones de personas, viven ya en situación de exclusión social, al situarse por debajo de la renta mínima.

Para solventar esta situación, el Gobierno optó por aumentar el infierno fiscal que ya padecíamos: subidas de impuestos medioambientales, al diésel (el combustible de los pobres), al IRPF, al impuesto de sociedades, a las bebidas azucaradas, etcétera.

En este contexto, la deuda pública escala al 114 % del PIB; el déficit de la Seguridad Social aumenta en 1.250 millones de euros, un repunte de más del 42 % con respecto al año anterior; el comercio pierde un 20 % de sus licencias, y la hostelería, un 30 %, dos sectores que temen el cierre permanente y definitivo. Frente a esta realidad, España es el país con menos ayudas a las actividades más afectadas, en las que hay prevalencia de pymes y autónomos.

Desde el año 2018 perdemos convergencia con la Unión Europea pese a que se han incorporado países con menos nivel económico; nuestra renta per cápita cae, la productividad se hunde por debajo de las cifras del 2019, y descendemos al puesto 39 en la lista de las economías mundiales.

Estos datos confirman que España vive una situación dramática, de ruina económica y de exclusión social de gran parte de su población, lo que tiene lugar en medio de una crisis sanitaria e institucional. La única política que se percibe con claridad es la de la putrefacción. El agobio a la clase media hasta su total destrucción, la inexistencia de un futuro para los jóvenes y la muerte del tejido productivo, parecieran tres elementos producto de un plan para acabar con pymes y autónomos.

El panorama es desolador. Este año habrá más paro, más ruina y miseria, pero, eso sí, todos vacunados. Para que no duela tanto. Supongo.

Por Francisco J. Pérez Bello, Presidente de la Federación de Autónomos de Galicia Presidente de la Federación de Autónomos de Galicia

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