El mandato del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) finalizó el 4 de diciembre de 2018. Desde entonces, sus miembros funcionan con el mandato caducado, lo que constituye una grave anomalía democrática que es urgente corregir ante la perversa dinámica de paralización de la institución. La Constitución establece un máximo de cinco años para que los vocales desempeñen este cargo. Finalizado ese plazo, las Cortes Generales, que representan al pueblo español, actúan. Previa propuesta de los jueces, el Congreso y el Senado deben nombrar sustitutos elegidos por mayoría reforzada de tres quintos entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión. Solo así, procediendo en tiempo y forma a dicha renovación, se respeta la letra de la Constitución y se aporta legitimidad democrática a dicha elección.

El requerimiento de una mayoría reforzada exige voluntad de diálogo y llegar a amplios consensos. Los acuerdos son imprescindibles para alcanzar los 210 diputados necesarios, que con la actual mayoría parlamentaria solo es posible con los votos de PSOE y PP. Esto ha sido utilizado premeditadamente por el PP para bloquear su renovación, impidiendo que la institución cumpla así con la labor que tiene constitucionalmente asignada.

En España, el bloqueo del Poder Judicial solo ha sucedido dos veces. Y las dos bloqueadas por el PP. La primera se producía con el PP de Mariano Rajoy tras la victoria socialista de Rodríguez Zapatero en el 2004. La segunda es la que ahora está ejerciendo el PP de Pablo Casado. Hasta en dos ocasiones, el PP decidió pactar la renovación del CGPJ y, en las dos ocasiones, rompió el acuerdo. El sin sentido de no querer renovar los órganos del CGPJ debido a que en España hay un Gobierno de coalición progresista es absurdo. El PP debería reconocer la legitimidad del Gobierno de coalición, cuyo respaldo democrático avala a cada uno de sus miembros. Hace dos años que el Consejo está bloqueado y en funciones. Apremia la renovación. No se puede esperar más tiempo.

Si la renovación del CGPJ es urgente para dar certidumbre y seguridad a la ciudadanía de nuestro país, entonces ¿por qué el PP bloquea esta renovación? ¿Por qué ignora el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales? Al hacerlo exhibe una falta de respeto hacia las instituciones y deslealtad a España en un momento de extraordinaria dificultad. El PP se ha centrado en instrumentalizarlo, atendiendo a intereses partidistas, con un único objetivo claro de desgastar al Gobierno. La propia Comisión Europea ha señalado directamente al PP como culpable de este bloqueo, provocando un deterioro de la calidad democrática del país. Para tratar de reconducir la necesaria negociación en la renovación de los órganos constitucionales, el presidente del Gobierno anunció en el Congreso que paralizaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para llegar a un acuerdo, que es imprescindible. Un necesario entendimiento que la ciudadanía está pidiendo al conjunto de los representantes públicos en un momento de extraordinaria gravedad. Entendimiento y acuerdo para cumplir con la Constitución y respetar las instituciones.

Para renovar los órganos constitucionales y reforzar así la calidad de nuestra democracia. Y en las manos del PP está que se alcancen estos acuerdos y que cumpla con sus obligaciones constitucionales. Es tiempo de responsabilidad, de unidad y lealtad institucional. Una responsabilidad que por parte del Gobierno es firme con la oferta de diálogo y consenso para renovar el CGPJ, con la defensa del bien común y la recuperación de la normalidad institucional. Con valentía, leal cooperación y sentido de Estado.

Por Ángeles Marra Diputada Socialista en el Congreso de los Diputados Doctora en Economía en la Universidad de Vigo

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Un pacto por el Poder Judicial