Una vez más, tarde, mal y arrastrado por las circunstancias, el Gobierno ha propuesto a la patronal y a los sindicatos que los ERTE de fuerza mayor, a partir del próximo 30 de septiembre -esta semana-, solo se extiendan con bonificaciones para algunos sectores económicos. Aunque inicialmente el Gobierno proponía dejar fuera de los ERTE a sectores directamente afectados por las restricciones del covid como el comercio o la restauración -incluyendo solo a hoteles, transporte marítimo de pasajeros, el transporte aéreo, los servicios de alojamiento, las agencias de viaje, así como los espectáculos-, de nuevo parece que hay un cambio de rumbo. Según los datos a los que hemos podido acceder desde Ascega, los sectores del comercio y restauración se calcula que suman 523.344 personas en ERTE de fuerza mayor, prácticamente el 80 % de los afectados por la medida.
Pero decimos tarde, porque de nuevo el Gobierno espera a la última semana de septiembre para decidir la extensión o no de los ERTE que hoy están en vigor, lo que supone una auténtica irresponsabilidad al mantener en la incertidumbre a miles de empresarios de nuestro país. A estas alturas, ya tendríamos que tener claras las reglas del juego para el último trimestre del año, que se prevé muy duro para estos sectores.
La reacción de la hostelería y el comercio no puede ser otra que la sorpresa y la indignación, cuando la situación de ambos sectores es dramática y en muchos casos desesperada. Las voces más contrastadas en ambas áreas económicas ya apuntan a que se van a destruir miles de empresas y, en consecuencia, se van a perder miles de puestos de trabajo. Se mantendrá a duras penas al sector turístico, aunque cuando este vuelva a repuntar no sabemos dónde comerán y comprarán los turistas que decidan viajar por nuestro país.
El tsunami económico y social que se avecina en los próximos meses, va a arrastrar y a hundir a miles de pequeñas empresas que están dando su vida para mantener sus negocios contra viento y marea- Pero todo tiene un límite. Si no hay sensibilidad suficiente desde el Gobierno para apoyar a los sectores más directamente afectados por las restricciones del covid solo puede darse por dos razones; o bien ya no hay dinero en las arcas públicas para mantener por más tiempo los ERTE de fuerza mayor, o bien se están gestionando de modo deficiente los recursos del estado manteniendo estructuras públicas permanentemente deficitarias.
Y mientras tanto, ¿dónde están las instituciones privadas que son la voz de la sociedad civil para levantar la voz contra esta sinrazón? Desde luego, a Ascega no van a detenernos en la denuncia constante de los errores y descontrol en la gestión de nuestros representantes públicos, como único medio para la defensa a ultranza de la trascendencia de los pequeños empresarios en la construcción de nuestro país y en la supervivencia de su tejido empresarial.