Otra vez, decenas de miles de hectáreas carbonizadas, impotencia y frustración de expectativas socio-económicas de nuestro vaciado rural. Otra desolación en hábitats y biodiversidad. ¿Por qué?
El enfoque administrativo no ha cambiado en absoluto en tres décadas. Se basa en la aplicación de soluciones a problemas tipo A: tengo frío, me abrigo. Tengo más frío, me abrigo más. Es decir, arde mucho, pongo x medios de extinción, sigue ardiendo, contrato x+y. El problema requiere soluciones tipo b, ajenas a las probadamente ineficaces y obscenamente caras. Una enorme hemorragia abierta se cauteriza; no la puedes restañar con transfusiones masivas.
Se reconoce oficialmente que más del 90 % de los 3.000 incendios anuales son provocados, ergo no tienes un problema forestal ni de carencia de medios: acuñas un fenómeno delictivo descomunal. Los árboles no se prenden fuego a sí mismos con nocturnidad, alevosía y en los días que sopla nordés, alguien los quema con malévola intención. Son irrelevantes las causas: pastos para la ganadería extensiva, echar al jabalí, limitaciones absurdas en red natura, etcétera. Un diagnóstico certero debería dar paso a los profesionales en delitos, para que investiguen, identifiquen y procesen a los incendiarios. Afortunadamente, contamos con uno de los mejores cuerpos del mundo, la Guardia Civil, diseminada por todo el territorio y perfectamente capacitada. Contraproducente resulta en extremo demonizar a determinadas especies como las (mal llamadas) pirófitas y prohibir arbitrariamente su reforestación. El problema no son las especies, sino los pirómanos.
Al hilo de ello se demanda hace décadas desde el sector forestal que los servicios de extinción, necesarios pero razonablemente dimensionados, se transfieran desde Medio Rural, donde han demostrado su elevadísima capacidad de distorsión con el resto de servicios, a departamentos de Interior y Justicia. También se insta a que se dejen de usar los fondos europeos de Desarrollo Rural, concebidos para capitalizar los montes, para dudosas medidas de extinción o inútiles de prevención, como desbrozar cunetas. Se exige que el Pladiga de cada año se consulte, debata y se acepten ideas, y no sea emplatado en el Consello Forestal de Galicia a menú consumado, ejercicio inconcebible en las prácticas de participación sectorial actual. Una nueva ley de incendios que disemine e infiltre lucidez es requerida con urgencia.
Este año no ha sido el desastre del 2006 y el 2013, gracias al temporal Ellen del 21 de agosto, que duchó generosamente Galicia. Sin él, en lugar del desastre de Ourense, donde el monte se secó antes, habríamos tenido otro capítulo negro de esta cansinamente repetida novela.