Algunos ya empiezan con la cantinela de que la sentencia que obliga a la familia Franco a devolver al Estado el Pazo de Meirás está politizada. Como jurista mi impresión no es otra que dicha resolución judicial está magníficamente argumentada. Solamente con haber demostrado los demandantes que el pazo no fue donado a Franco a título personal, como defienden sus herederos, sino en calidad de jefe del Estado, es más que suficiente para que la sentencia haya sido la que fue.
A mayores ejercer mi profesión de letrado en A Coruña, y conocer la trayectoria profesional de la magistrada que dictó la sentencia, motiva que ninguna duda pueda inquietarme respecto a que dictaminó consecuentemente a su leal saber y entender, y con un rigor jurídico e independencia incuestionables.
Los dictámenes legales de los que se valieron los demandantes fueron demoledores por lo que, «blanco y en botella, leche».
Respecto a que la acción debió ser declarada prescrita, de primero de derecho es que el dominio público es imprescriptible. No obstante la familia Franco podrá recurrir, como así ya lo ha anunciado, ante las instancias que resulten oportunas, por lo que tienen la garantía de que si la magistrada estuvo sometida a esas presiones que algunos dicen su error será enmendado.
Pero no les arriendo la ganancia. A priori parece una resolución tan bien razonada que imagino que ningún órgano jurisdiccional superior le dará la vuelta. Y ahora tranquilidad y dejar actuar a la justicia.
Lo ideal sería que nadie volviera a las dos Españas de Machado porque el franquismo hace 45 años que terminó y no sería conveniente que está sentencia avivara antiguos odios. En mi opinión se ha hecho justicia y casi todos nos congratulamos de ello. Dejémoslo ahí. Sin rencores.