No era tan difícil. Si Pedro Sánchez hubiera empezado la batalla contra la pandemia poniendo en marcha alguno de los argumentos que ayer defendió en el Congreso, España no habría perdido un tiempo precioso, estaría hoy en una posición mucho mejor, los ciudadanos nos habríamos ahorrado contradicciones e incertidumbres, y el propio presidente del Gobierno habría podido gestionar y liderar las medidas económicas y sanitarias frente al covid-19 con mucha mayor eficacia y con más apoyo político gracias a la cogobernanza con las comunidades. Si, como hizo ayer tras dos meses de empeñarse tercamente en lo contrario, hubiera reconocido desde un principio que se han cometido errores, en lugar de presumir de que todo eran aciertos, su credibilidad ante los ciudadanos y su liderazgo político se habrían visto reforzados.
Pero, en lugar de ello, Sánchez optó desde el primer momento por parapetarse en la Moncloa rodeado de una guardia pretoriana, intentando ganar en solitario la guerra contra el covid-19 mediante el ordeno y mando, sin dialogar con sus socios de investidura, sin contar con la oposición, dejando al margen a las autonomías y sin informar de sus decisiones ni siquiera a sus compañeros de partido, que han llegado a plantear que salvar vidas está por encima de salvarle a él.
¿Y todo esto para qué? Para terminar aplicando al final, a la fuerza y arrastrado por la posibilidad de quedar en minoría, algunas de las medidas lógicas que todos reclamaban, desde el independentismo a la extrema derecha pasando por el centro. Desligar los ERTE del estado de alarma, de forma que se mantengan cuando acabe la situación de excepcionalidad, y comprometerse a actuar siempre en coordinación con las autonomías, otorgándoles amplio margen para interpretar, en función de su especificidad geográfica y de la situación de sus sistemas sanitarios, las normas adoptadas por consenso.
La rectificación de Sánchez al separar las ayudas económicas del estado de alarma demuestra que el Gobierno faltaba conscientemente a la verdad cuando afirmaba que era imposible mantenerlas si se ponía fin al recorte de derechos y libertades que le permite la medida excepcional. Y que utilizaba a las empresas, autónomos y ciudadanos afectados económicamente por la pandemia como moneda de cambio para coaccionar a la oposición y tratar de lograr su apoyo incondicional.
Lo sucedido evidencia que Sánchez pretende gobernar como si dispusiera de mayoría absoluta pese a tener solo un tercio de los escaños del Congreso. Y que solo admite su minoría y su necesidad de apoyos cuando se ve presionado. Será necesario, por tanto, que haya una oposición que mantenga la presión, sin abandonar la política de estado, para evitar que caiga de nuevo en el cesarismo y los españoles recuperen cuanto antes sus derechos y libertades.
Lo más positivo del debate es que demuestra que el secesionismo solo utiliza a Sánchez como un instrumento para lograr sus fines y le importa un comino la estabilidad, la salud y la situación económica del resto de españoles. El presidente debería tomar nota. Es posible que Ciudadanos se esté suicidando. Pero si su sacrificio sirve para que el Gobierno de España no siga en manos del separatismo, habrá merecido la pena.