Junto a la desastrosa gestión sanitaria, la educación ha sido el otro gran fracaso evidenciado a raíz de la pandemia de covid-19. Desde el pasado 16 de marzo, más de diez millones de alumnos de todos los niveles (infantil, primaria, secundaria, bachillerato, Formación Profesional, universidad y regímenes especiales como las escuelas de idiomas, música, danza, artes plásticas y diseño, deportivas y de arte dramático, además de la educación de adultos) están en un limbo. La incertidumbre es tal que muchos no saben cómo se les evaluará -con especial agravio para los que se juegan su futuro en la selectividad-, si recuperarán conocimientos no impartidos o si podrán volver a clase al inicio del próximo curso.
A priori esta era la época y la generación mejor preparada para ejecutar con éxito la teleeducación, pero la experiencia ha demostrado que no basta con tener las herramientas tecnológicas. No se trata solo de disponer de un ordenador o una tablet, una conexión wifi decente y conectarse por Zoom. A diferencia de muchas compañías, sobre todo del ámbito privado, la enseñanza pública no contaba con un plan para enfrentarse a una situación de emergencia que implica la educación a distancia. Y si lo tenía, nunca lo había ensayado. El desbarajuste ha sido tal que mientras que algunos estudiantes están ya oficiosamente de vacaciones -¡y van a durar seis meses!-, otros han sido sometidos por sus docentes a una presión excesiva en forma de trabajos y deberes durante el confinamiento. Cabe recordar que Alemania y Austria ya han reanudado las clases y Francia lo hará la semana que viene, y es que el aprendizaje presencial es algo que no puede ser sustituido por una lista de tareas.
Dando ya por perdido este curso (al menos se salvaron las dos terceras partes), el objetivo ahora es poner los medios para que no vuelva a pasar algo parecido en el próximo. Y la solución que se le ha ocurrido a la ministra Isabel Celaá es la misma que el Gobierno aplica a las empresas para tratar de evitar los contagios: que las aulas abran al 50 %, con severas restricciones de aforo, horarias y de movimiento. Se habla de que los alumnos tengan que permanecer sentados en los descansos entre clase y clase, que no puedan intercambiarse libros o apuntes, de suprimir la asignatura de Educación Física y, en general, de reducir en todo lo posible la enseñanza presencial.
Al margen de lo ridículas que resultan estas medidas sabiendo que en cuanto salgan de su colegio o instituto los chavales pueden volver a juntarse -a no ser que el Ejecutivo pretenda mantenernos en este estado de excepción encubierto en el que tan cómodo se siente-, la idea que subyace es que el Gobierno no considera la educación un «servicio esencial», como si fuera una ferretería o un bar. Y por tanto, que puede imponer limitaciones que atentan contra principios básicos de la educación como son la relación profesor-alumno, el trabajo en grupo, la socialización... Ya dije en un artículo anterior que para mí todas las actividades y negocios (no solo las farmacias, los supermercados y los estancos, como decretó el gabinete de crisis de la Moncloa) son esenciales desde el momento en que de ellos depende la vida de mucha gente. Y, desde luego, la enseñanza no es un juego de realidad virtual.