Cualquiera que hubiera dedicado una parte de su tiempo a pensar en la fase de desescalada en que antes o después tenía que desembocar el confinamiento a cal y canto decretado por el Gobierno hace más de seis semanas era consciente del inmenso desafío que iba a suponer sacar a la gente ordenadamente de sus casas, es decir, volver a la vida cotidiana de forma progresiva, evitando echar por tierra el durísimo esfuerzo, personal y colectivo, de inmensas consecuencias sociales y económicas, realizado hasta la fecha.
Porque, digamos la verdad, meter a la gente en sus hogares apurada por el miedo a la enfermedad provocada por un virus altamente contagioso es una operación relativamente fácil: basta proclamar el estado de alarma para limitar (de hecho, suprimir) el derecho a la libre circulación de las personas y multar con suma dureza a quienes se salten tan radical confinamiento, sirviéndose para ello, ¡por cierto!, de aquella supuestamente nefanda ley mordaza que los dos partidos del Gobierno consideraban urgente derogar hasta que llegó el covid-19.
Mucho más difícil es, sin embargo, acabar con el encierro de un modo razonablemente seguro y eficaz. Seguro, pues la desescalada debe producirse de tal forma que sea posible evitar, o reducir, las posibilidades de que la epidemia rebrote y campe de nuevo a sus anchas por pueblos y ciudades. Y de forma eficaz, para conseguir que la vuelta a las calles, y al trabajo, y al ocio, y a las relaciones sociales y, en fin, a todo aquello que caracteriza la normalidad, se produzca con arreglo a unas pautas prudentes, pero no tan restrictivas que hagan que el remedio acabe siendo tan malo, si no peor, que la enfermedad.
El plan de desescalada en cuatro fases presentado ayer por Pedro Sánchez, que de momento solo conocemos por lo que dijo, con poca claridad, en otra de sus interminables intervenciones el presidente del Gobierno, se parece, en realidad, mucho más a un jeroglífico que a un proyecto planificado y meditado con rigor. Es decir, con el rigor que exige una medida que tendrá tantas consecuencias en el futuro del país, a corto, pero también a medio plazo: en la salud de todos, en el empleo de millones de personas, en la pervivencia de docenas de miles de empresas y, en fin, en la calidad de vida del conjunto de nuestra sociedad.
Así las cosas, suscita muchas dudas sobre el futuro del desconfinamiento la actuación del Gobierno hasta la fecha, marcada por la improvisación, la ausencia de unidad interna del Ejecutivo, las contantes rectificaciones y una falta de transparencia que se traduce incluso en la cifra de fallecidos y afectados por el virus. Dudas confirmadas por el hecho de que el plan para la desescalada llegase tan poco acabado al Consejo de Ministros como para que fuese necesario seguir allí ayer con el debate. Y dudas reforzadas, en fin, por el propio contenido del plan, que en lugar de confianza y seguridad transmite justo lo contrario: la sensación de que vamos a caminar a ciegas al borde de un barranco.