Más de la cuarta parte de los gallegos superan los 65 años, frente a algo menos del 20 % en España. Si nos cuentan pasamos de 665.000 los gallegos situados ahí. Más de las dos terceras partes de los mayores viven en soledad o en pareja, y mayoritariamente nos cuidamos en casa. Para ello, cuando la atención es necesaria, se acude a cuidadores informales, bien de la familia o contratados.
Pero hay necesidades que ni los cuidadores ni otros programas públicos de atención en casa cubren. Y ahí están las residencias. Donde según los datos de la web «Envejecimiento en Red del CSIC», existen unas 373.000 plazas en España. Unas 4 plazas por cada cien mayores, una plaza menos de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En Galicia este índice es menor -3,3 %- y desigual. Lugo y Ourense superan el 4 %, y Coruña y Pontevedra no superan el 2,5 %.
En Galicia, desde la Ley 13/2008, las plazas en residencias de mayores pasaron de 12.000 en el 2006 a más de 20.000 en el 2017. Hoy tenemos unas 21.000 plazas disponibles y listas de espera, si bien solo unas 8.500 plazas existentes son públicas y otras 13.000 privadas. O por mejor decir, el 77,2 % son privadas -un 5 % más que en el conjunto de España-, y el 22,8 % públicas. Programadas están otras 900 plazas públicas financiadas por la Fundación Amancio Ortega.
La atención a los mayores ha generado el desarrollo de un nuevo sector de actividad económica, sostenida por recursos públicos y con una gran aportación de fondos privados, sobre todo de pensiones de jubilación. En Galicia el coste de las plazas públicas representa más del 40 % del presupuesto destinado a dependencia, unos 160 millones. Igual que sucede en otras autonomías de las 160 residencias con plazas públicas, solo 31 son de titularidad y gestión pública, el resto son de gestión concertada, bien con empresas privadas bien con organizaciones sin ánimo de lucro. Atención externalizada.
Es obvio que la atención a los mayores ha mejorado, bien por el esfuerzo público bien por la oportunidad de negocio de inversionistas privados. En Galicia también. Sin embargo, la pandemia de coronavirus ha dejado al descubierto las carencias del sistema, entre ellas la responsabilidad de supervisión por parte de los gobiernos autónomos. El 85 % de los fallecidos por coronavirus tiene más de 70 años, edades donde se sitúan los clientes de las residencias, y por tanto los residentes son población de alto riesgo. Aun con la pronta intervención de las residencias privadas o concertadas más afectadas por el coronavirus en Galicia, la situación es grave, con más fallecidos e infectados de lo razonable.
La inspección y control sanitario en tales concentraciones de ancianos era irrenunciable, y en las plazas concertadas y públicas radicalmente obligatoria. Inspecciones, sanciones e incluso informes del Consello de Contas que los hay, aparte. Y ahí es precisamente donde están las responsabilidades, obviamente también de las empresas.