Salvar al socio Junqueras

EUROPA PRESS

Aunque a alguno pueda extrañarle la seguridad con la que, teniendo solo 155 diputados, Pedro Sánchez asegura que agotará la legislatura, lo cierto es que el número oficial de escaños con el que cuenta el Gobierno de coalición es una pura formalidad. El Ejecutivo dispone en realidad de una mayoría absoluta más que holgada. Aunque solo dos partidos tienen sillas en el Consejo de Ministros, el Gobierno de España lo forman en este momento siete fuerzas que alcanzan los 183 diputados, con los que puede aprobar prácticamente todas sus propuestas. PSOE (120), Unidas Podemos (35), ERC (13), PNV (6) EH Bildu (5), Más País (3) y BNG (1). Esa coalición de Gobierno incluye el proyecto de reforzarse formando un Ejecutivo tripartito en Cataluña entre ERC, PSC y En Comú Podem, presidido por Oriol Junqueras. Pero, para ello, Sánchez necesita sacarlo de la cárcel. Y hacerlo sin que este se humille solicitando un indulto. Y en ello está.

Si no fuera grave, resultaría cómico que, tras abrirle la puerta de la prisión por la vía rebajar la pena por sedición con una reforma del Código Penal en el Congreso que burla y soslaya cualquier intervención de la Justicia, Sánchez afirme que eso no tiene nada que ver con su pacto con los independentistas. Y todavía más cínico es que ERC responda que «estudiará» la propuesta, como si le cogiera por sorpresa. Sánchez envuelve de nuevo sus cesiones en una espesa nube de humo. Si tiene que reunirse con Torra, lo enmarca en una gira con todos los presidentes autonómicos, utilizándolos como aval de su negociación con un presidente catalán inhabilitado como diputado Y, si tiene que sacar a Junqueras de la cárcel, lo viste con una reforma general del Código Penal, aunque sea a costa de utilizar torticeramente como excusa la necesidad de actualizar los delitos sexuales o la protección de los menores, que nada tienen que ver.

El paso siguiente a esa estrategia tan común en los gobiernos bolivarianos que consiste en cambiar las leyes en cuanto llegan al poder para acomodarlas a sus intereses y burlar la Justicia, es plantear la urgente necesidad de reformar la Constitución. La finalidad, claro, es modificar el modelo territorial a gusto del independentismo catalán y vasco. Pero, una vez más, se utilizarán excusas como la necesidad de suprimir la prevalencia del varón en la sucesión al trono o la de introducir una mención expresa a la Unión Europea. Aunque para lograr esa reforma la alianza de la izquierda y el independentismo necesitarían ampliar su actual mayoría absoluta a dos tercios de la cámara, el objetivo es sentar las bases para que la sociedad respalde modificar la Constitución. Una vez abierto en las Cortes ese melón de la reforma, se introducirían propuestas de mucho mayor calado. Y así ya sería imposible un nuevo consenso constitucional sin concesiones al independentismo. Todo llegará. De momento, en dos semanas sabemos ya que, después de subir las pensiones y el salario mínimo, la máxima urgencia de la mayoría absoluta de izquierda e independentista que gobierna España es salvar al socio Junqueras.

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