La pregunta del debate tiene como respuesta: rotunda y evidentemente no. Justificaré esta negación en hechos verificables, capacidades económicas, razones técnicas y normativas exigibles. Las directivas europeas de seguridad e interoperabilidad, que rigen la construcción y explotación ferroviarias en España, exigen el cumplimiento de protocolos (ETIs) y la superación de una serie de pruebas y ensayos -referentes a la vía, a los trenes y a la interacción entre ambos- que debe verificar la independiente Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), antes de poner una línea de alta velocidad en servicio. Esta actividad no tiene tope temporal, mientras no se alcanza el 100% de condiciones exigibles.
Tras Angrois, ningún cargo del Gobierno o de la Administración facilita una fecha de puesta en servicio, mientras no disponga del plácet de la AESF. El sacrificio de las víctimas no fue en vano y, en esto, hemos mejorado. Hasta ahora, en las líneas en que se ha aplicado la normativa con rigor, las pruebas han consumido del orden de 15 a 20 meses tras finalizar la infraestructura. Para que los AVE procedentes de Madrid alcanzasen Ourense a través de la línea de alta velocidad de Olmedo a Taboadela en Navidad de 2020, las pruebas del último tramo, Sanabria-Ourense, todavía en obras, deberían haber comenzado como muy tarde en octubre de 2019. Un reciente informe de la Xunta reconoce la demora en las obras de vía de unos seis meses. La circulación de los AVE depende de sistemas electrónicos y de radio, todavía en fase preliminar de instalación y necesitan energía motriz. Disponer de hilo bajo catenaria no aporta energía, y en los 70 kilómetros que transcurren al sur del Invernadoiro se carece de subestación (As Portas) y línea de alta tensión para la alimentación eléctrica y ni siquiera se ha licitado su construcción. Estos hechos son verificables in situ, a través del BOE y de la Plataforma de Contratación del Estado. Según manifestaciones de la propia presidenta de Adif, los fondos económicos, cuya falta podría frenar las obras e instalaciones pendientes no serán obstáculo, lo que permite intuir que Galicia será afortunada, si en el año 2020 se inician las pruebas, que permitan aceptar la línea por la AESF en 2021.
Desde el inicio en el 2008 de las obras entre Olmedo y Zamora han transcurrido 141 meses. Se han alternado gobiernos del PP y del PSOE y la Xunta ha podido pronunciarse 127 veces -cada mes- sobre el ritmo de las obras. A punto de ver el término de esta gran empresa, como ciudadano, manifiesto mi indignación porque unos irresponsables partidos políticos usen como ring el período de pruebas que garantizan la seguridad, escondiendo sus pasadas ineficacias, sin las cuales nuestro AVE estaría ya en circulación.