Los juzgados de lo Social están colapsados. Quien presente una demanda hoy le señalarán el juicio para el 2023. Pero que nadie piense que estos alarmantes retrasos son por culpa de la inoperancia de jueces, letrados o funcionarios. Todo lo contrario. Es tal la falta de medios que si no fuera por ellos y por las horas que dedican a sacar asuntos adelante tranquilamente nos iríamos al 2025. No es de recibo que en un año las 28 salas de lo Social registraran más de 30.000 litigios de los de la categoría que afectan al bolsillo del contribuyente. No se puede pretender cercenar el derecho del ciudadano a la tutela judicial efectiva, por lo cual la única solución es que se creen más juzgados o se habiliten jueces de refuerzo. ¿Qué no hay dinero para ello? Pues tendrán que buscarlo debajo de las piedras o sacárselo a partidas prescindibles. Con lo que llevan gastado jugando a convocar elecciones hasta que les salga el sudoku se podría atenuar el problema. La sanidad, la educación y la justicia deben ser prioritarias en un estado de derecho.