Las diferencias respecto a impuestos, educación o sanidad, por citar tan solo tres ejemplos, existentes entre las comunidades autónomas de nuestro país rozan lo inconstitucional. El artículo 14 de la Constitución recoge que todos los españoles somos iguales ante la ley sin distinción que valga, por lo cual el hecho de que un aragonés o un asturiano tengan que pagar por recibir una herencia 1.200 veces más que un canario es algo que no se debiera sostener al amparo del citado artículo de nuestra Carta Magna. Tres cuartos de lo mismo respecto a que la misma carrera universitaria cueste el triple en una universidad pública catalana que en una gallega, o que en un sistema sanitario haya que esperar 60 días para operarse y en otro 147. Estos agravios comparativos entre autonomías atentan contra el espíritu de nuestra ley de leyes. Una cosa, enriquecedora por otra parte, es que cada comunidad tenga sus particularidades. Casi todos amamos a España, pero desde nuestras raíces cántabras, andaluzas, valencianas o gallegas. Pero cuando se trata de cuestiones tan vitales como el acceso a la cultura, la salud o los impuestos no hay idiosincrasias que valgan. Ahí tenemos que ser todos iguales. Lo contrario significa que hay españoles de primera, segunda y tercera división.