A vosotros, amigos de los CDR, que apretáis y hacéis bien en apretar». El 1 de octubre del 2018, en un acto institucional para conmemorar el ilegal referendo independentista, el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, agradecía así a los llamados Comités de Defensa de la República los actos de vandalismo callejero y de boicot a las infraestructuras que ya entonces protagonizaban para tratar de amedrentar a los ciudadanos contrarios a su plan totalitario de imponer la república catalana. Bloqueo de líneas del AVE, de un centro logístico, toma al asalto de la Delegación del Gobierno en Gerona, cortes de autopistas y de las principales calles de Barcelona. Esos eran los actos recientes que Torra agradecía a sus amigos. A nadie puede extrañarle que, cuando desde las instituciones se da las gracias a quienes ejercen la violencia en cualquiera de sus grados, algunos de ellos acaben un año después dando un salto cualitativo y pasen de apretar a planear presuntamente actos de terrorismo contra un cuartel de la Guardia Civil con amonal, el mismo explosivo que utilizaban los asesinos de ETA.
Tampoco puede extrañarle a nadie la sensación de impunidad de los ahora detenidos cuando, pocos meses después de aquellas palabras infames, el propio Torra pidió una purga de los Mossos d’Esquadra que cargaron contra grupos violentos de CDR y exigió a su consejero de Interior, Miquel Buch, «cambios inmediatos» en la cúpula de la policía autonómica porque «los Mossos están para defender la república». Este, obediente, respondió que no le «temblaría el pulso» para «echar a agentes de la Brigada Móvil de los Mossos». ¿Qué podía salir mal cuando desde el poder se alienta a quienes ejercen la violencia y se depura sin embargo a quienes tratan de impedirla? ¿Qué podía salir mal cuando los medios de comunicación públicos catalanes se refieren diariamente a los independentistas procesados por rebelión como «presos políticos»?
Frente a ese atropello continuo a la legalidad democrática por parte de alguien que como Torra admite que toda su estrategia se dirige a crear «un momentum» de crispación que sea ya insoportable para quienes rechazan el independentismo y estos terminen por resignarse, la respuesta del Gobierno del PSOE, que ya dio una «relevancia relativa» al «apreteu» de Torra, ha sido aplicar la «política del ibuprofeno», en palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell. Algo que se ha traducido en minimizar la trascendencia de las barbaridades de palabra y de obra perpetradas por Torra y en ofrecerle «diálogo» para solucionar lo que diagnostican como un «conflicto político».
El resultado ha sido que mientras el Gobierno recetaba ibuprofeno para rebajar la inflamación, lo que los líderes independentistas administraban eran estimulantes a los grupos más violentos. Por si quedaban dudas, Torra, Puigdemont y hasta Rufián, que trata ahora de blanquearse jugando a las cocinitas en las televisiones españolas, salieron ayer en defensa de los presuntos terroristas. Quizá ha llegado la hora de cambiar el diagnóstico. Y también el tratamiento.