Cuando vincula la bajada de tasas universitarias a la aprobación de los presupuestos, el ministro de Educación hace chantaje a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. No les da para tizas, pero les marca las tasas. Habla de horquillas, pero usa tirachinas. Propone abrir la horquilla entre 0-25%, dejando la posibilidad de que unas universidades con problemas de financiación acaben incluso no cobrando tasas. La horquilla ahorca a unas comunidades que, desde que se aprobó el decreto de supuesta racionalización, herencia de Wert, han subido sus tasas un 20% en cuatro años. No todas, Galicia las ha congelado, pero en Madrid los estudiantes pagan tres veces más por sus matrículas que en la comunidad gallega, quizás porque el precio incluye la calificación de trabajos de fin de máster no presentados y la rectificación de notas a alumnos ilustres.
El ministro echa mano del manual de mensajes políticos positivos: bajada de precios públicos, carreras más asequibles e igualdad de oportunidades. Es la teoría, pero en la práctica hay diferencias regionales, diferencias entre grados y másteres, entre grados experimentales y no experimentales, entre primeras matrículas y matrículas posteriores, entre beneficiarios públicos y privados. Cuando pudieron subir los precios, lo hicieron autonomías como Madrid o Cataluña y no lo hicieron otras como Galicia o Extremadura. Cuando las universidades públicas subieron los precios de los másteres no habilitantes para competencias profesionales, aumentaron los alumnos que optaron por los de las universidades privadas. Cuando se endurecieron los requisitos para las becas y se redujeron las cuantías de estas, estudiantes de grados públicos tuvieron que abandonarlos. El argumento es que no hay para tizas. El objetivo es la segregación socioeconómica.