Crecimos escuchando el silencio con que se guardaron los secretos de la guerra incivil y sus postrimerías durante cuarenta largos años; la memoria del miedo se instaló en nuestras familias para impedirles contarnos qué y cómo vivieron aquellos años oscuros. La generación que todavía está al mando de la torre de control de este país está a punto de jubilarse, o debería haberlo hecho, pero la expectativa de vida y de medios para hacernos mayores en mejores condiciones es uno de los resultados del cambio social y político que el tiempo que llegó después deja como legado. Entre esos logros, sentirnos amparados por la Justicia no ha sido el menor. Es fundamental, junto al derecho a elegir o ser elegido representante del pueblo soberano, para calificar con notable al milagro español cuando se cumplen otros cuarenta años de democracia.
Pero los jóvenes de hoy, a diferencia de sus mayores, están hasta los forros de la épica de la Transición, que no sienten como suya. A ellos les toca marcar su camino, pero están cautivos de penas que van a heredar, necesitadas de una reforma inapelable. La corrupción sistémica es una de las más graves, declarada por la ONU como un fenómeno creciente -pareciera que imparable- que genera pobreza, agranda la brecha de desigualdad, crea inseguridad jurídica y, añado yo, beneficia a los peores.
Inseguridad jurídica, se dice. Y podría añadir, también, desamparo y daño moral para quienes van envueltos en el mismo paquete dentro de los macrocasos que cinco, siete, diez años después de comenzar a instruirse, se asemejan en sus resultados al parto de los montes fabulado por Esopo. Años y recursos públicos dedicados a separar el grano de la paja entre los políticos y funcionarios imputados/investigados que terminan, como en los Pokémon, Patos u Hormigón, con un saldo inasumible por el escándalo, temor social y daño concreto inferido a quienes acaban absueltos o desencausados tras haberse visto desnudos ante la opinión pública y revisados hasta el límite del pudor en sus vidas privadas.
La concejala viguesa Isaura Abelairas, exculpada recientemente «por falta de relevancia penal» en el caso Hormigón abierto en el 2014 por prevaricación administrativa, es un ejemplo más de daño colateral, que, comparado con la facilidad con que en otras situaciones con grandes personajes en el banquillo se mira para otro lado, da náuseas. Nuestro sistema judicial es más que correcto, pero hay que evitar consecuencias no deseadas como esta forma de aniquilación social que producen sumarios resultantes en nada. El daño moral -y de salud- que dejan como secuela merecen ser resarcidos, no ya económicamente, que también cuando proceda, como con medidas de restitución de la honorabilidad y la dignidad cuestionadas. En democracia no hay lugar para los intocables.
Nuestro sistema judicial es más que correcto, pero hay que evitar consecuencias no deseadas como esta forma de aniquilación social que producen sumarios resultantes en nada