Ocio barato. Actividad saludable. Espacio amplio y abierto. Contacto con la naturaleza. Son algunas de las razones por las que miles de personas eligen la playa para pasar su tiempo libre. Pero las características del medio (el mar, atractivo, pero impredecible) y el creciente número de usuarios incrementa de forma exponencial el riesgo.
Desde principios de los años setenta, la competencia de vigilancia en los arenales corresponde a los ayuntamientos. Desde entonces, la demanda de los usuarios ha cambiado mucho y también las exigencias de profesionalización de los servicios de socorrismo. Y todo ello ha engordado la factura que deben pagar los concellos por el servicio. Las arcas municipales, que en general nunca se han caracterizado por estar boyantes, tocan fondo justo cuando más alto se puso el listón de la seguridad. Más playas atendidas, más socorristas por arenal y cada vez más larga la temporada de vigilancia.
Setecientas playas en casi 1.500 kilómetros de costa: una cada dos mil metros. El dato refleja una misión imposible, es impensable atender todos y cada uno de los rincones en los que a alguna persona se le ocurra disfrutar del mar. Pero la seguridad es un objetivo irrenunciable y una obligación ineludible, al menos en los lugares de concurrencia masiva. El sentido común dice que ni se pueden atender todas ni todas con la misma intensidad. Por lo tanto, al bañista debe pedírsele también que actúe con responsabilidad, especialmente en aquellas pequeñas y apartadas playas -paraísos naturales que busca un turismo que huye de la masificación- en las que no es posible tener un socorrista. Y donde sí lo hay, que atienda sus indicaciones.