La anulación del manifiesto independentista de Cataluña era necesaria, pero no es suficiente, porque inaugura una nueva forma de hacer las cosas, inspirada desde la Generalitat, que puede poner en ridículo al Estado. Lo que hace el TC es una obviedad, a la que fue arrastrado por la acertada iniciativa de Rajoy, pero que durante dos años fue cuestionada por muchos jueces, constitucionalistas e intelectuales que, prefiriendo la progresía al patriotismo, se sumaron a aquella estúpida jaculatoria de que el independentismo es política -¡que Santa Lucía les conserve la vista!- y solo desde la política se puede arreglar. Pero esta obviedad del TC no proviene solo de que todo el mundo la haya visto y comentado desde el primer día, sino del más significativo hecho de que todos los que redactaron y votaron el dichoso papelito dijeron sin tapujos lo que estaban haciendo: rompiendo con la Constitución y las leyes, mandando al carajo al TC, e iniciando la ruptura de España. Poco había, pues, que discutir. Y muchos me parecen 22 días para llegar a tan cantada y unánime conclusión.
Lo malo es que tal y como se interpreta esta valentía del TC, no pasaría nada si mañana vuelven los independentistas al Parlament y, usando el mismo texto, sin más cambios que la fecha, aprueban el manifiesto número 2. Porque lo único que está sentado para tal caso es que el Gobierno lo recurriría otra vez, y el TC volvería a anularlo, hasta completar 50 manifiestos y 50 sentencias unánimes en el plazo de un año. Y ese sería el ridículo del Estado, que sufre mucho menos por los intentos de derribarlo -que casi nunca prosperan-, que por la costumbre de tomarlo de coña y convertir sus instituciones en un escenario de bufonadas de pésimo gusto.
Lo que necesitamos saber es si una autoridad gamberra, que se pasa la ley por el arco de triunfo, manipula al pueblo y a sus instituciones, malversa fondos en caralladas, y se ríe de todas las autoridades del Estado, delinque o no delinque. Si delinque hay que ir a por él, como si fuese el peatón que cruzó con el semáforo en rojo en Santa Cristina de Cobres. Y si no delinque, hay que vitorearlo y darle el doctorado honoris causa en Lógica, por haber demostrado que el Estado español, eximperio en el que no se ponía el sol, y cabeza de la cristiandad, está menos protegido -legalmente- que un semáforo.
Perseguir papeles, o palabras, si solo se hace eso, es del género idiota, aunque pueda ser un trámite necesario. Pero a quien hay que señalar es al que tiene y ejerce voluntad de hacer daño, mucho daño, horrible daño, a millones de contribuyentes, a una historia y una cultura que nos comprometen, y al derecho razonable a vivir sin sobresaltos. De eso hay que hablar. Porque celebrar el tiro y dejar escapar la perdiz, es una bobada. Y genera una enorme y ridícula impotencia.