Los salarios bajos, además de repercutir en el equilibrio de las cuentas del sistema público de pensiones, ponen en cuestión la sostenibilidad del Estado de bienestar, que ya era débil en España antes de la crisis y ahora queda tocado tras seis años de recortes. La devaluación salarial reduce las cotizaciones a la Seguridad Social y también tiene efectos directos en la recaudación fiscal, en los impuestos con los que se financia el gasto público. Los ingresos fiscales, expresados como porcentaje del PIB, están en España 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Este déficit de ingresos, en el que influyen muchos factores, se ve agravado por la reducción de los salarios.
Veámoslo con cifras reales. Una persona que trabaje como asalariada y tenga unos ingresos de 2.500 euros netos al mes, tributará de entrada unos 12.000 euros por IRPF (por cierto que, si los ingresa como rentas de capital -dividendos o intereses, por ejemplo- y no como rentas del trabajo, pagaría varios miles de euros menos). Pero además, si esta persona destina el total de sus ingresos a gasto, acaba pagando otros 5.500 euros anuales por IVA y los denominados impuestos especiales sobre el consumo de hidrocarburos, tabaco o alcohol. En total, en un año paga 17.500 euros por los impuestos que gravan la renta y el consumo. Es una cifra, sin duda, considerable pero, con lo que tributan tan solo dos de estos asalariados es casi suficiente para pagar el coste de un empleado público de la sanidad, de la enseñanza o de la justicia.
Sin embargo, la situación cambia de forma radical si hacemos las cuentas con una persona que cobre el salario mínimo. En este caso, al estar por debajo de 12.000 euros brutos anuales, no tributa por IRPF, de modo que su contribución a las cuentas públicas es exclusivamente por IVA y especiales: unos 1.200 euros al año. Por lo tanto, con este nivel salarial, harían falta más de 30 personas para cubrir el coste medio de un empleado público.
Pero el salario mínimo ya no es el listón más bajo de ingresos, porque la precarización del mercado de trabajo está cediendo terreno al empleo a tiempo parcial. Un asalariado que cobre 400 euros al mes aporta a las arcas públicas apenas 600 euros anuales, de forma que hacen falta más de 50 personas para financiar el coste de una profesora o un enfermero.
La evolución de los salarios va a ser determinante para el futuro de nuestro modelo social. Si los salarios tienden hacia niveles altos, podremos sostener un Estado de bienestar más o menos aceptable. Por el contrario, si la tendencia general es a bajarlos, la calidad de los servicios públicos y de las prestaciones también será cada vez más baja.
Dicho de otra forma, el reparto primario de la renta entre salarios y beneficios empresariales también determina la capacidad del Estado para hacer políticas que compensen las diferencias sociales. Por eso los que defienden la devaluación salarial son los mismos que quieren un Estado cada vez más pequeño.