Con parámetros similares a los que España utiliza con los africanos, Hungría se ha revelado como el eslabón perdido de los regímenes totalitarios del antiguo Telón de Acero. Estremecen las imágenes de policías húngaros lanzando bocadillos por el aire a una muchedumbre asustada y hambrienta, como si fuese ganado; su primer ministro es un conservador al más puro estilo austrohúngaro de finales del XIX; su embajadora en España advierte del peligro de una Hungría multirracial y una reportera de televisión desahoga su ira contra las personas que intentan atravesar la frontera... Son muestras claras de xenofobia y del peligro para la convivencia y la paz que la ultraderecha está instalando en una Europa que creíamos civilizada, pero que consiente que las autoridades húngaras aprueben una ley para arrestar e incluso encarcelar hasta por cinco años, a quien llegue al país sin autorización. Hungría vulnera el derecho de todo individuo «a solicitar asilo si estima que su vida corre peligro» recogido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra de 1951. En cambio, Turquía y Líbano han aceptado a más de tres millones de refugiados sirios sin las alharacas ni vejaciones que tolera la UE. La reciente decisión alemana de levantar controles en la frontera austríaca amenaza con poner en la picota el espacio Schengen.
Las leyes son papel mojado cuando recogen derechos que incumplen las propias instituciones del Estado, como hacen ya los Gobiernos húngaro y danés, o hará mañana el alemán, y como ha venido haciendo el Gobierno español. Aunque el asilo está reconocido en España por la Constitución y la Ley de Extranjería, que establece que para solicitarlo no es preciso visado, el Ministerio del Interior -desde su Dirección General de la Guardia Civil- instauró el modelo de vallas de cuchillas, o concertinas -exportadas por nuestro país a otros que también pretenden amurallarse-. España es responsable en sus propias fronteras de delitos de lesa humanidad por la deportación o negación de auxilio a ciudadanos. Este derecho se ha ignorado, sistemáticamente, en nuestra frontera sur, mediante la disuasión de quienes pretenden entrar en Europa a través de Ceuta y Melilla. Hay orden de actuar «en caliente», incluso disparando e incurriendo en responsabilidad punible con actos ilegales que deberán ser resueltos en instancias judiciales nacionales o internacionales. Hace tiempo ya que se conculcan las leyes trazando fronteras imaginarias tras las espaldas de los guardias civiles en una perfecta aberración jurídica.
El Gobierno español viene de aceptar la petición de Bruselas de admitir un cupo de algo menos de 15.000 refugiados. Hasta ahora para este Gobierno los solicitantes de asilo viajaban en primera clase y con tarjeta oro. Admiten a regañadientes las instrucciones de Europa y asumen, impávidos, argumentos que en el minuto anterior negaban con sus hechos. Las contradicciones del presidente, sus ministros y portavoces, rezuman una doble moral deplorable.