El abogado del maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois manifiesta que lo acontecido el 24 de julio del 2013 era un accidente anunciado, y no le falta razón. Sin pretender excusar al trabajador de responsabilidad por su despiste, era cuestión de tiempo que ocurriera. Pero resulta mucho más sencillo proceder exclusivamente contra el débil, y exonerar de culpa a los altos cargos de ADIF por no tener instaladas las suficientes medidas de seguridad. En España se hacen así las cosas desde siempre, y nada apunta a que la situación vaya a cambiar. Cogen al operario de turno, le acusan de haber matado a Manolete y al juzgado, que los auténticos responsables no están para perder el tiempo en minucias. Y aún encima nos encontramos con que la instrucción del accidente tiene todavía pendiente una docena de diligencias por lo que hasta dentro de año y medio no se celebrará el juicio. Resulta descorazonador observar cómo en ocasiones la ley está pensada para robagallinas, y no para los poderosos que dirigen el país desde sus confortables despachos. Visto lo visto, era inevitable la aparición de tanto utópico político que pretende cambiar las cosas convenciéndonos que a Manolete no le mató el citado maquinista, sino personas enviadas desde la sede central del PP.