Uno de los grandes objetivos de las reformas es la necesidad urgente de regular la regulación; es decir, de clarificar qué y cómo deben ser las prácticas aplicadas en las políticas de regulación, su alcance, las responsabilidades asumidas y las evaluaciones a aplicar. Viene a cuento este ejercicio porque en Europa están contabilizados 7.567 lobistas, que tratan de influenciar, presionar y condicionar diversas actuaciones en el campo de la reglamentación comunitaria; y, porque en la historia reciente, sobre todo desde el origen de esta crisis, se ha visto que los organismos de supervisión, regulación y ordenación apenas han acertado en sus diagnósticos y actuaciones, costando muchos miles de millones de euros al conjunto de los ciudadanos.
Estamos ante una gran disyuntiva: por un lado, es preciso aplicar políticas de regulación que permitan actuar, procurando la mayor participación y asunción de responsabilidad de los actores; pero también, en segundo término, debemos disponer de mecanismos e instrumentos que permitan juzgar a los que nos juzgan: esto es, aplicarles el mismo código y énfasis en lo que hace referencia a sus evaluaciones.
Dejar que las cosas vayan como hasta ahora es la continuación del fracaso. A modo de ejemplo, los desajustes contabilizados en la operativa de las entidades financieras, sobre todo de las cajas de ahorro, nos han costado a los ciudadanos españoles más de 60.000 millones de euros; y la continua posición de abuso dominante en el campo energético o de las telecomunicaciones por parte de algunas empresas, por señalar dos ejemplos, hacen que cada vez sea más caro el recibo de la luz o del móvil. Y todo ello sin que los organismos de regulación hayan podido demostrar aquel viejo aserto económico de que la competencia abarata los precios. Aquí es al revés. También es muy visible el hecho de que mientras los salarios públicos y privados se recortan, los emolumentos de los miembros de los organismos de regulación disfrutan de aumentos sucesivos, llegando a ser, en la mayoría de los casos, superiores a los del presidente del Gobierno.
El reciente informe emitido en el foro de Davos sobre este aspecto regulatorio ha llamado mi atención. Los autores, procedentes de la UBS (A. Weber) y del HSBC (D. Flint), subrayan que estamos ante una refundación del capitalismo. Son los mismos causantes de los males del sistema, los bancos y otros actores del mundo financiero, los que están reclamando más reglas para, en sus estrategias, «mejorar la estabilidad financiera y reducir el impacto de las futuras crisis». ¡Qué gran paradoja!, ¿verdad? El origen de la crisis radicó, como todos sabemos, en el sector financiero, y fueron dichas instituciones las que criticaron y luego reclamaron al Estado fuertes sumas de dinero para ser objeto de un rescate. Otras industrias han actuado del mismo modo. Es decir, nos han detraído dinero público para engrosar sus beneficios particulares. Y, ahora, reclaman una regulación macro prudencial que, en lenguaje económico-institucional, se define como una acción exigida a los Gobiernos «al objeto de limitar los riesgos sistémicos». O sea, son los propios sectores causantes de la crisis, y beneficiados posteriormente, quienes demandan más regulación al objeto de poner frenos a las previsibles burbujas, una vez que les asignemos y permitamos más alegrías en las fases de recuperación.
¿Dónde se afirma esto?, se estarán preguntando ustedes. Pues en el documento coordinado por el foro de Davos y la consultora Oliver Wyman (sí, esa que asesoró, en el 2012, al Gobierno de España en la reestructuración del sistema financiero). De nuevo, qué paradoja, ¿verdad?.
En el documento no se apuntan recetas concretas; pero sí se insiste en buscar «un equilibrio adecuado entre la estabilidad financiera y el crecimiento económico»; es decir, una exigencia a los Gobiernos, a los que ellos buscan exprimir mediante nuevas relaciones. De ahí la nueva terminología a utilizar, «políticas macro prudenciales», que se definen como aquellas que deberían desempeñar un rol básico para dar estabilidad, «pero que se puedan manejar con prontitud y adecuadamente».
La última paradoja es aquella que registra el supuesto de que son los causantes del pésimo asesoramiento a los Gobiernos quienes están, ahora, recomendando el diseño de políticas de regulación que eviten acabar con el riesgo de nuevas burbujas y de una mala asignación de recursos. Lo curioso del caso es que pidan una macro regulación prudencial. Por eso, mi respuesta va a encaminada a exigir una política de micro regulación prudencial; y, en consecuencia, sería correcto demandar una investigación a fondo de las decisiones pasadas. Y si logramos demostrar sus equivocaciones y los graves perjuicios para el conjunto de la sociedad, entonces tener la capacidad de poder sancionarlas y retirarles la autorización profesional para actuar en el futuro. De esta forma estaríamos aplicando el principio de precaución pero en ambas direcciones, no solo en una de ellas.