Las oscuras aristas de una recuperación bipolar


La Comisión Europea anunciaba a comienzos de mayo que sancionará a España si no modifica la legislación hipotecaria que permite cláusulas abusivas por parte de los bancos. Mientras esto no se arregla, durante lo que llevamos de crisis unas 350.000 familias han sido desahuciadas de su vivienda y a día de hoy hay 270.000 ejecuciones hipotecarias esperando resolución. El Tribunal de Justicia de la UE considera que el actual plazo de un mes para recurrir un desahucio no es razonable.

Se ha llegado así a barrios y polígonos desérticos que son un festín para los tiburones y los fondos buitres y, al mismo tiempo, la compra de viviendas vuelve a crecer en zonas (VIP) de alta demanda en Madrid, Barcelona o la Costa del Sol para precios que superan los trescientos mil euros.

El Estado solo habría recuperado cuatro de cada cien euros de dinero público entregados desde el 2009 para el saneamiento del sistema financiero. Por el resto, los ciudadanos seguimos pagando los intereses correspondientes. Y en el 2014 el Estado habría anotado como definitivamente perdidos mil doscientos de esos millones. No obstante los activos tóxicos en poder de los bancos siguen creciendo (superan ya los ochenta mil millones).

Al mismo tiempo, y aún después de reducir su personal en sesenta mil empleados, el Banco de España recomienda que se continúe con el cierre de oficinas bancarias, ello a pesar de que el mismo Banco de España comprueba que los intereses cobrados por los bancos habrían descendido con menor intensidad que los abonados a los depositantes (con un ahorro neto de cuatro mil millones). El presidente del Gobierno mantiene el objetivo de privatizar Bankia, mientras los bancos ignoran cinco de cada seis reclamaciones tramitadas por el Banco de España.

La Comisión Nacional de la Competencia criticó la forma de fijación de precios de los fármacos que entran en la financiación pública por falta de transparencia y alta discrecionalidad. No extraña que, según el barómetro sanitario del Gobierno, dos millones y medio de españoles no puedan pagarse los fármacos que necesitan.

Por el lado de los ingresos, mes a mes se comprueba cómo mientras los salarios y rentas de los sectores más privilegiados aumentan (y aún más su poder adquisitivo), los ingresos de los más jóvenes, y de la mitad de la población de menores salarios, no cesan de empeorar. En el primer trimestre la EPA anota cuarenta mil nuevos hogares en los que ningún miembro aporta ingresos. Lo que la OCDE denomina incremento de la desigualdad entre ricos y pobres. Un buen ejemplo: el pasado año una empleada VIP de una empresa cazatalentos habría percibido mil euros de sueldo diario.

Los ingresos en especie de las familias, derivados del Estado de bienestar, según un informe de la Fundación BBVA-IVIE, habrían caído en un veinte por ciento debido a los recortes en sanidad y educación. La región campeona en esto habría sido la presidida por Dolores de Cospedal. Un informe de una consultora privada estima que en cinco años podría desaparecer el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Mientras tanto, otro informe del Ministerio de Trabajo indicaba que 32 de las 35 empresas del Ibex operan con paraísos fiscales (empresas que en conjunto incrementaron sus beneficios en casi un 40 % en el primer trimestre) y la Agencia Tributaria contabiliza 135.000 compatriotas que tienen patrimonio declarado en el extranjero. Casi el setenta por ciento de esos compatriotas directivos consideran que en España el soborno y la corrupción son prácticas habituales.

El mes se cerraba con la preocupante petición por parte del presidente de la CEOE a los partidos políticos, apenas conocidos los resultados de las últimas elecciones, de que se olviden de sus programas electorales.

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