Con mi gente


Cuando Gaspar Zarrias, factótum del socialismo andaluz durante dos décadas, declara ante el Tribunal Supremo sobre los ERE que «mi obsesión durante toda mi vida política es y seguirá siendo estar al lado de la gente y conocer sus problemas», no es una impostura. Como tampoco lo es la de su jefa política y Presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que no se cansa de repetir que «yo solo me debo a mi gente de Andalucía». La segunda excepción de gente en el DRAE dice: «Con respecto al que manda, conjunto de quienes dependen de él». Y eso es lo que han hecho Zarrias, Chaves, Griñán y las miles de Irene Sabalete que mandan y reciben un sueldo por su puesto público en la administración autonómica paralela y no paralela del PSOE: estar al lado de quienes dependen de ellos para darles sustento a cambio de reclamarles el voto y atemorizarlos con la pérdida del pan si llega el PP (u otro) a la Junta de Andalucía. Esto es y será por no se sabe cuántos años más el voto cautivo de una comunidad autónoma que habrá que empezar a considerar fallida para la democracia parlamentaria y la profiláctica alternancia del poder, porque que el voto subsidiado del PSOE es una de las razones de su permanencia en el mando es cosa asumida incluso por sus militantes. Y la consueta no se limita a los contratados públicos de la Administración andaluza, ni tampoco a los perceptores del PER, reliquia franquista del viejo subsidio agrario. Es también un voto trabajado (y pagado) en empresas, asociaciones de empresarios y de vecinos, sindicatos, medios de comunicación públicos y no tan públicos?

El brazo autonómico, descomunal y procaz, ha llegado a los intersticios de Andalucía sin que nadie quiera desalojarlo. Y la misma naturalidad que lucen para reiterar que están con su gente, es la que han demostrado al elegir presidente del Parlamento de Andalucía, segunda autoridad de la Comunidad Autónoma, al socialista Juan Pablo Durán, antiguo consejero de la Caja de Ahorros de Córdoba, sancionado por la Audiencia Nacional con 42.000 euros por su implicación en la quiebra de la entidad, y al que de vez en cuando le salen frases tan redondas como cuando en octubre de 2013 afirmó reiteradamente ante la ejecutiva local y un grupo de periodistas que «la derecha solo sabe matar», haciendo un paralelismo entre los crímenes de la guerra civil y el arresto en su casa de la ex alcaldesa socialista Luisa Ruiz Fernández, como presunta autora de delitos contra la Administración, fraude y falsedad documental. Un hombre de paz, como se ve, muy propio para un cargo de representación y consensos en tiempos de fragmentación.

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