Hacienda nos aclara este año, en la declaración de la renta, el destino de nuestros impuestos. Se supone que en aras de la transparencia, nos ofrece una sintética distribución del gasto público efectuado en el 2013. A buen entendedor, pocas palabras: si queremos conservar la pensión del abuelo, el colegio del nieto y la salud de todos, hay que pagar impuestos. Por cada cien euros gastados, 62,4 se dedican a costear las pensiones y prestaciones sociales, la educación y la sanidad. Así que ya saben lo que hay.
El recordatorio, dentro de su aparente inocencia, tiene truco. En principio se limita a constatar una obviedad que no precisaba alforjas: los gastos públicos se financian con ingresos públicos. Pero incluso esta verdad de Perogrullo requiere una matización importante. Las Administraciones Públicas gastaron durante el año de marras 464.759 millones de euros e ingresaron, por la vía de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y demás, 393.468 millones. Para que se entienda: de cada euro gastado por nuestros gobernantes, los impuestos cubrieron 85 céntimos y los otros 15 céntimos los dejamos a deber. Por eso acumulamos la deuda pública que acumulamos.
Pero el maquillaje utilizado es más sutil. La primera capa de rímel resalta las tres grandes rúbricas que nadie osa discutir, con el fin de ocultar el gasto superfluo, las ayudas controvertidas y los copiosos chocolates del loro. Tres espléndidas manzanas en la cima del cesto, para tapar las de inferior calibre o calidad. Las ayudas a la banca, por ejemplo, han desaparecido de la minuta de gastos que ofrece Hacienda: haberlas haylas, por supuesto, pero están diluidas en el etéreo epígrafe de «asuntos económicos».
La segunda treta consiste en confundir adrede el todo con la parte. Hacienda emplea hábilmente la sinécdoque. Utiliza el genérico «impuestos» en vez del específico «impuesto sobre la renta» (IRPF). Actúa como si nuestros munícipes, para motivar el pago de la tasa de basuras y alcantarillado, nos recordasen que los impuestos pagan las pensiones y las nóminas de médicos y maestros, en lugar de explicarnos las ventajas de mantener una ciudad limpia como los chorros del oro.
Hacienda desaprovecha la oportunidad de aclararnos de dónde viene y adónde va el IRPF. Quiénes lo pagan y a qué se destina. Acerca de los primeros no hay duda: el impuesto lo soportan las nóminas de los trabajadores. Los asalariados pagan el 90 % del impuesto y los empresarios y profesionales solo abonan el 10 % restante. Como la renta nacional se reparte a medias entre unos y otros, tampoco se necesita un GPS para establecer la ubicación de la enorme bolsa de fraude. Menos evidente resulta el destino del IRPF, porque su recaudación nutre y se diluye en la caja común. Pero sí sabemos, al menos, un lugar al que no va: las pensiones, que se financian fundamentalmente con cotizaciones sociales. Por eso decía que el inocente recordatorio de Hacienda sobre el gasto público tiene truco.