Trece magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo reivindican la separación de poderes del barón de Montesquieu, y exigen que cesen las injerencias del Ejecutivo en su quehacer diario. Imagino que ningún miembro del Poder Judicial dará saltos de alegría al excarcelar a un etarra con delitos de sangre a sus espaldas, pero si llegó ese momento procesal, tiene que hacerlo, por mucho que se cabree el ministro Fernández Díaz.
El titular del Ministerio del Interior, que se dedique a su trabajo, tan cuestionado por muchos, y deje a los demás llevar a cabo el suyo. Decir que lo que hicieron los jueces que excarcelaron a Santi Potros roza la prevaricación supone una irresponsabilidad supina.
El ministro tiene que concienciarse de que estamos en un Estado de Derecho, y que eso conlleva que hasta los más ruines criminales tienen que ser tratados, a la hora de aplicar la ley para su excarcelación, como si de un vulgar robagallinas se tratase. Lo contrario sería volver a aquellos no tan lejanos tiempos en que la ley mordaza, cuyo padre ideológico es el señor Fernández Díaz, no sería tachada de casposa. Si el filósofo francés todavía no ha muerto, está gravemente herido, y en este caso los responsables de su lamentable estado de salud tienen nombres y apellidos.