José Ángel Fernández Villa parecía uno de los españoles de quien menos cabía imaginar que fuese, presuntamente, un sinvergüenza y puede que, incluso, un delincuente. En su calidad de secretario general del Sindicato de Mineros de Asturias (SOMA) durante la friolera de 34 años, Villa puede ser considerado una de las figuras históricas del sindicalismo español de la segunda mitad del siglo XX. Pero es que, además de ese protagonismo en el mundo del trabajo, el líder del SOMA fue un destacadísimo político en las filas del PSOE: miembro de su comisión ejecutiva federal entre 1979 y 1993, diputado autonómico entre 1983 y el 2007 y senador entre 1999 y el 2003. ¡Casi nada!
Esa trayectoria, que podía presumirse con motivos poderosos la de un hombre de intachable integridad, ha acabado, sin embargo, de la peor manera imaginable cuando ha saltado la noticia de que Villa está siendo investigado por la fiscalía para saber si ha cumplido con sus obligaciones tributarias y conocer cuál es el origen de los 1,4 millones de euros de su fortuna personal, una cantidad que no resulta fácil suponer que el sindicalista haya podido acumular con su trabajo.
Más allá de los demoledores efectos de la noticia para el SOMA y el PSOE, que, curándose en salud, han procedido de inmediato a expulsar a Villa de uno y otro; y más allá, también, del hecho de que el escándalo de su oscuro patrimonio, junto a otros como el de los ERE andaluces, ponga muy seriamente en entredicho la limpieza de funcionamiento de los llamados sindicatos de clase, lo cierto es que el caso del exlíder del SOMA apunta a que en España no solo padecemos un formidable problema de corrupción, sino una profunda crisis ética y moral, de imprevisibles consecuencias.
¿O no es para poner los pelos como escarpias que, casi al mismo tiempo que de los presuntos trapicheos de una figura mítica de las luchas obreras, nos enteremos de que quien desempeñó el cargo de presidente de la Generalitat durante 23 años era en realidad un corrupto, presunto responsable de una red de extorsión económica en la que participaban varios de sus hijos? ¿No es increíble que todo ello coincida con el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia en el que, con un gasto de mas de 15 millones de euros entre el 2003 y el 2012, están implicados militante del PSOE y del PP y de CC.OO. y UGT?
¿Todo es igual? ¿Nada es mejor? Lo cierto es que algo apesta a podrido, y no precisamente en Dinamarca. Lo cierto es que, parafraseando el título de la gran cinta de Visconti, asistimos a la caída de los bosses (de los jefes), que, en el mundo sindical, económico o político, parecen no tener otra referencia que el dinero y la vidorra, valiéndose para ello de unas siglas que, desde el punto de vista de la corrupción, acaban por ser perfectamente intercambiables.