Los presupuestos del Estado son siempre un poderoso instrumento de redistribución. Disponen de recursos cuantiosos y dan lugar a ganadores y perdedores. Los recursos proceden siempre del ciudadano contribuyente, ciudadano que también es votante y por tanto responsable de sus decisiones. Primero elegimos al director de la orquesta y después le otorgamos un poder precario (4 años) para que trabaje, explique y rinda cuentas al finalizar su mandato. Es la grandeza de la democracia. Y en este sentido, los ciudadanos votantes y contribuyentes estamos obligados a organizarnos y a ser muy conscientes de todo aquello que nos afecta por decisión política.
Así, en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2015, los perdedores son otra vez los mismos y los ganadores también. Pierden los parados (se reduce la prestación), los pensionistas (la inflación supera al incremento del 0,25 %), los funcionarios (se congelan sus retribuciones), las personas dependientes (por destrozo del sistema), las personas con pobreza extrema (Cáritas habla de 2,5 millones), gran parte de los trabajadores asalariados (el nuevo IVA y los impuestos especiales superan las reducciones del IRPF), además de los afectados por el deterioro de los servicios educativos y sanitarios. ¿Qué decidirán en su día esos millones de votantes tan dañados y empobrecidos?
En lo que atañe a personas con ganancias o beneficios por la actividad presupuestaria, nada ha cambiado, sino más bien lo contrario. Los intereses de la deuda pública estatal suman 35.490 millones de euros en el 2015. Otra vez la cifra más elevada del presupuesto de gastos. Los mercados tienen aquí un negocio redondo, recurrente (también financian con deuda las amortizaciones) y blindado por la Constitución. La cuantía y la prioridad en el pago explican los recortes en otros gastos y más impuestos. Otras personas que ganan son las que defraudan a la Hacienda pública. Esta afirmación se fundamenta en el silencio oficial para combatir un fraude tributario estimado ya en el 24 % del PIB. Finalmente, estarían algunas personas que tributan en el impuesto de sociedades. Su capacidad para influir en la política, así como para eludir sus obligaciones fiscales, tiene aquí un especial interés. ¿Hasta cuándo la maldición del fraude?
O sea, la importancia del presupuesto público es incuestionable, pero la educación democrática también. Si esta no existe o flaquea, el sistema no funciona. La democracia exige, por su propio interés, ciudadanos educados en la misma. Y esa educación debe iniciarse en la escuela pública y desarrollarse en la familia, en las instituciones, en los medios de comunicación y en todas las organizaciones cívicas. Alguien debería explicar el retraso que llevamos.